El senador Iván Cepeda, después de aceptar el triunfo de Abelardo De La Espriella, sorprendió al declararse en “desobediencia civil pacífica”, añadiendo que no lo reconocería como presidente, que no lo representaba y que no obedecería sus decisiones mientras no renunciara a su ciudadanía estadounidense, entre otras exigencias. Se trata de una declaración políticamente impactante, pero constitucionalmente problemática, porque parece confundir la desobediencia civil con la resistencia civil o la oposición política.
La desobediencia civil supone el incumplimiento público y no violento de una ley injusta. El ejemplo es Martin Luther King Jr. Quien desobedece acepta voluntariamente las consecuencias legales que su trasgresión conlleva, incluso a la cárcel. La resistencia civil, en cambio, presupone movilización ciudadana o el boicot político pacífico, y tiene por objeto situaciones sistémicas o decisiones políticas incompatibles con la democracia. El ejemplo es la Satyagraha, de Gandhi.
Teniendo en cuenta lo dicho, la declaración de Cepeda no parece encajar en la concepción clásica de la desobediencia civil. No anuncia el incumplimiento de una ley injusta, ni parece asumir el riesgo de una sanción penal en testimonio de un fin superior. Su propósito parece ser otro: ejercer presión política al nuevo gobierno; por ello, parecería más preciso hablar de resistencia civil pacífica.
Esto, sin embargo, plantea una dificultad aún mayor. Tanto la desobediencia como la resistencia civil surgieron históricamente como mecanismos mediante los cuales los ciudadanos -subordinados jurídica y políticamente al Estado- enfrentan un poder injusto; pero un senador de la República no es un ciudadano común: hace parte del poder constituido, está amparado por garantías institucionales y juró cumplir y defender la Constitución.
Lo anterior conduce a una pregunta inquietante: ¿puede quien integra el Estado y se beneficia de las garantías que este le concede, acudir a dispositivos ideados precisamente para enfrentarlo y resistirlo? Si mi interpretación es correcta, entonces, el alcance real de la declaración del senador aludiría al ejercicio de una oposición política particularmente intensa, que podría expresarse mediante la movilización o la protesta pacífica.
Las próximas semanas, Cepeda enfrentará la hora de la verdad y el país verá las consecuencias reales de su discurso. Si es coherente con su declaración de no reconocer al mandatario ni sus órdenes, el senador no debería posesionarse como jefe de la oposición. Debería renunciar a su curul y, como ciudadano de a pie, emprender la desobediencia o la resistencia civil.
Si finalmente asume la jefatura de la oposición, su declaración quedará reducida a un ejercicio retórico, porque de facto estará reconociendo al presidente contra quien va a ejercerla. La democracia permite una oposición fuerte y vigilante. Lo que no permite es la paradoja de ejercer el poder y resistirlo simultáneamente, desconocer las autoridades del propio Estado, mientras se invocan las garantías que ese mismo Estado consagra para quienes ejercen la oposición. Esa es la paradoja de la desobediencia desde el poder.