Los portadores de la ‘buena nueva’ de ‘La patria milagro’ no se han posesionado y ya nos tienen más cerca del infierno que del paraíso. Baste con un resumen sucinto de los principales líderes de cartera anunciados para reconocer que el gobierno de los “nunca” va a ser el de los de “siempre”, pero con la frialdad de haber transitado los caminos más oscuros de la historia sin el mínimo de sonrojo. El jefe del empalme señalado por vínculos con paramilitares y condenado por la justicia colombiana; el anunciado ministro de Justicia, otro magnánimo defensor de paramilitares que ha dicho a viva voz que en su fugaz paso por la Fiscalía, siempre que le llegaba un expediente de un paramilitar miraba como sacarlo libre; una posible ministra de Educación más preocupada por las practicas sexuales de los habitantes del territorio nacional y proponiendo quitar derechos a las poblaciones que los tienen reconocidos por la Constitución Política, solo porque inquieta sus posiciones religiosas en un país Laico, pero nunca preocupada por los presuntos nexos de su esposo y de su propio padre con estructuras criminales. La posible nueva ministra de Transporte con un esposo condenado por narcotráfico y así poco a poco vamos viendo un gabinete que definitivamente se distancia de la “Extrema Coherencia”. Siempre han fingido preocupación ante una asamblea nacional constituyente, pero son ellos quienes siguen de manera sistemática atacando y desmembrando nuestra Constitución. Sus manifiestas propuestas de gobierno, que además según De La Espriella, corresponden a los “Valores Fundacionales” de la patria (no sé si se referirán a los valores de 1810 y que no se ha enterado que es la Constitución el 1991 el principal referente fundacional de nuestro país), contradicen diferentes principios constitucionales como la soberanía monetaria, la adhesión de Colombia a los tratados de derechos humanos y un burdo desconocimiento al bloque de constitucionalidad. Sin hablar de desmontar o debilitar las superintendencias, lo que no representa únicamente una reforma administrativa; constituye un golpe directo a la ciudadanía y a la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales. Reducir su alcance o eliminar sus funciones significa dejar a millones de ciudadanos sin herramientas para exigir el respeto de sus derechos. En un Estado social de derecho, la libertad económica no puede existir sin instituciones que equilibren las relaciones de poder y aseguren el interés general. Debilitar la arquitectura institucional no es una simple decisión de eficiencia: es un retroceso en garantías que hacen efectivo el mandato constitucional de proteger la dignidad humana y los derechos de las personas.
*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.