La primera vuelta presidencial se consumó bajo una anomalía por la cual los dos candidatos punteros boicotearon sistemáticamente los debates públicos, privando a los electores de una herramienta republicana diseñada para evaluar la templanza, el programa y la capacidad de concertación de los aspirantes, bajo un escenario de control y contradicción técnica.
Al negarse a asistir a los encuentros organizados por casas editoriales y canales de televisión, ambas campañas demostraron que priorizaron la facilidad del monólogo en plazas públicas y la manipulación de los algoritmos en redes sociales, por encima de la confrontación de ideas y programas ante la opinión pública.
Moisés Wasserman advirtió con lucidez el peligro de este fenómeno al señalar, en El Tiempo, que los eventos masivos no son espacios de análisis crítico, sino escenarios de ilusión de unanimidad donde el pensamiento independiente es anulado por el sectarismo. Al evadir el debate, los candidatos eluden las contrapreguntas espontáneas, que son las que verdaderamente desnudan el carácter y la viabilidad real de sus propuestas, refugiándose en libretos prefabricados por asesores de imagen.
El panorama de cara a la segunda vuelta, lejos de madurar, se ha tornado aún más hostil e institucionalmente peligroso. La reciente invitación del candidato del progresismo a un debate con De La Espriella, que aquel se había negado a aceptar de éste en la primera vuelta, no nace de una súbita convicción democrática, sino de una urgente necesidad táctica tras quedar en segundo lugar, temiendo su estancamiento en los sondeos. ¿Tenían recelo de exponer el real carácter el candidato, que sí mostró el 31 de mayo en la noche?
Y la respuesta de su contendor, al aceptar el debate sin condiciones, pero tildando a su oponente de cobarde y marioneta, transforma ese espacio en un ring de boxeo retórico y deslegitimación institucional.
Las dos fórmulas enfrentadas, en vez de arrastrarse mutuamente a una narrativa de desconfianza institucional, deben poner sus ideas y propuestas en discusión abierta. No hacerlo, demuestra que la democracia colombiana enfrenta una de sus crisis de madurez más severas. El electorado que asistirá a las urnas no puede ser despojado del derecho fundamental a contrastar la luz de la razón contra la astucia de la propaganda.
Si las condiciones que ha puesto públicamente la fórmula De La Espriella - Restrepo es que Cepeda reconozca los resultados del 31 de mayo y que los debates incluyan a los vicepresidentes, salvedades que tienen todo el sentido y, por ende, deberían admitirse, la campaña de Cepeda podría revelar a su vez las suyas.
Los debates presidenciales no son un favor que los políticos le hacen a la sociedad civil; son una obligación constitucional implícita para quien aspire a representar la unidad nacional y gobernar en medio de la diferencia.