En nuestras investigaciones sobre la administración publica en Colombia y el mundo, encontramos que un factor que incide en el buen desarrollo de las políticas de un gobierno es contar con el apoyo de los funcionarios de carrera administrativa, que se constituyen en la base estructural de la gestión del servicio a las comunidades de acuerdo al objeto de sus funciones. Muchos mandatarios ignoran esta situación y en el transcurso de sus acciones la comunidad nota que las cosas siguen iguales en los ministerios, institutos y demás dependencias, sin cambios significativos en los resultados de atención a la ciudadanía.
Nelson Mandela, el 11 de mayo de 1994, justo al día siguiente de asumir la presidencia de Sudáfrica. Al llegar a las oficinas del gobierno en Unión Buildings (Pretoria), reunió a todo el personal administrativo, compuesto casi en su totalidad por funcionarios públicos blancos afrikáners que habían trabajado para el régimen represivo del apartheid. Muchos de ellos estaban empacando sus pertenencias, aterrorizados y convencidos de que serían despedidos, encarcelados o perseguidos por el nuevo gobierno negro. Mandela con un mensaje de reconciliación profunda: aseguró que entendía el miedo y la incertidumbre que sentían, pero les aclaró directamente que no venía a buscar venganza. Les dijo que, si ellos querían, él deseaba que se quedaran a trabajar a su lado para construir el nuevo país.
En el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a dos meses de su posesión aún está a tiempo de convocar a los empleados del Estado a que se unan al propósito de cumplir con el mandato constitucional de servir a la comunidad, desde el cargo donde estén sin tener en cuenta ideologías políticas ni los intereses particulares. Si quieren ser parte de un verdadero y real cambio que facilite lograr el desarrollo social y humano de nuestra nación. De lo contrario podría ser un periodo más de tiempo para el pueblo colombiano sin resultados satisfactorios.
Un ejemplo que evidencia esa necesidad es la forma en que los ciudadanos que en cumplimiento de la participación ciudadana, acuden al Despacho de la Presidencia para presentar propuestas o solicitudes de interés colectivo o particular, les responden con evasivas, hasta les dicen que es un delito que el Señor Presidente, haga recomendaciones. Cuando él es la autoridad suprema del Estado. Inclusive se niegan a darle a conocer información valiosa que podría servirle al Presidente como insumo en la elaboración de sus planes de trabajo. Luego esta conducta denota fallas administrativas, y también de relaciones humanas.