Colombia asiste a un punto de inflexión institucional. Tras la llegada a la Presidencia, de Abelardo De La Espriella, el pasado 7 de agosto de 2026, el mandatario ha sido enfático al denunciar las ruinas fiscales bajo la premisa de que en el gobierno anterior de Gustavo Petro “se robaron todo”. Ante un panorama donde presuntamente se comprometieron billones de pesos de forma irregular durante ese gobierno y en las últimas semanas del mandato previo, la indulgencia ya no es una opción aceptable para la sociedad civil. La principal demanda ciudadana no se limita a la retórica de la “mano firme”, sino que exige acciones concretas e inmediatas. Para recuperar la confianza en las instituciones del país y sanear el erario público es indispensable que el nuevo gobierno actúe con celeridad articulando esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación. Llevar tras las rejas a quienes desvalijaron los recursos del Estado en el periodo 2022 - 2026 no constituye un acto de persecución política; representa un mandato ético elemental de justicia e inmunidad contra la impunidad.
Si el presidente Abelardo De La Espriella aspira a consolidar el proyecto de su movimiento, la lucha frontal contra la corrupción debe pasar de las alocuciones televisadas a los pabellones carcelarios. No puede existir reconciliación ni estabilidad económica sobre la base del desfalco tolerado. El destino fiscal de Colombia depende de un mensaje inequívoco: quien robe al pueblo pagará con cárcel, sin importar el cargo que haya ostentado. La firmeza demostrada por el mandatario frente a las organizaciones criminales y la delincuencia armada, la cual ha devuelto un sentido de orden a las calles, debe replicarse con la misma contundencia en los despachos oficiales. Los criminales de cuello blanco, parapetados en la legalidad de un cargo público para saquear las arcas del Estado, causan un daño social igual de devastador que el de las armas. La justicia penal debe aplicarse con el mismo rigor implacable, sin fueros ni privilegios, demostrando que en esta nueva etapa el delito administrativo es castigado con la misma severidad que la violencia urbana.
No podemos dejar pasar por alto el robo a la salud, las pensiones, a Ecopetrol y todas las otras entidades que fueron saqueadas sin piedad y sin pensar en los colombianos pobres de los que tanto hablan y defienden hipócritamente. La avaricia descontrolada y la falta de principios los llevaron a convertirse en los mayores ladrones que han pasado por las oficinas públicas de nuestro país. Fueron ineptos en el manejo de lo gubernamental y muy eficientes en montar negocios para llenar sus bolsillos.
La mano dura que está aplicando el Presidente con los grupos armados quisiera verla sobre estos delincuentes que se merecen un destino igual a los narcotraficantes o guerrilleros. No merece piedad quien se lucra de nuestros impuestos y aprovecha para graduarse ‘Cum Laude’ en corrupción estatal. Todos deben terminar presos y responder con su bolsillo.