La esencia y legitimidad del sindicalismo residen en su capacidad de erigirse como un contrapeso autónomo e independiente frente al poder, sin importar la orientación ideológica de quien ocupe el gobierno de turno.
Cuando las centrales obreras y los sindicatos subordinan sus reivindicaciones a los intereses de una vertiente política o un proyecto partidista, ceden la causa fundamental de la clase trabajadora.
Convertir la movilización social en herramienta al servicio de estrategias electorales o disputas de oposición erosiona el diálogo social y desdibuja el verdadero sentido de la protesta laboral. El distanciamiento y la denuncia formulada por sectores independientes del sindicalismo colombiano evidencian el riesgo de que la protesta sea instrumentalizada para generar inestabilidad. La historia reciente demuestra que, cuando un sector de la dirigencia sindical muta en comité de aplausos de un gobierno afín o en brazo de choque contra uno contrapuesto, la negociación colectiva pierde su naturaleza técnica y democrática. En lugar de priorizar el crecimiento de la afiliación, la erradicación de la informalidad, la mejora salarial o la seguridad en el trabajo, la agenda obrera termina capturada por slogans abstractos, consignas militantes de movilizaciones partidistas, cuotas burocráticas y favores contractuales que concentran la representación en cúpulas privilegiadas, excluyendo a la pluralidad de los trabajadores.
Esta cooptación política genera distorsiones inconvenientes. Durante periodos de alineación gubernamental, la crítica sindical se adormece y se justifican retrocesos o decretos que restringen la negociación a sectores minoritarios. Por el contrario, ante cambios en la administración, las convocatorias a paros y marchas recurrentes se aceleran, no por denuncias sustanciales de vulneración de derechos laborales, sino como agitaciones presentes para avivar futuras campañas electorales, así como plataformas de agitación política.
Esta dinámica convierte la movilización social en un insumo transaccional que agota a la ciudadanía, restringe la apreciación por la protesta y ahuyenta la inversión productiva. La reconstrucción de la confianza en las organizaciones sindicales exige un retorno urgente a la autonomía e independencia de clase.
La defensa de los derechos de los trabajadores en sectores como la salud, la educación, la industria o la cultura no puede depender de si el inquilino de la Casa de Nariño es de izquierda o de derecha. Un sindicalismo maduro y democrático no busca “incendiar” el país ni someterse a dictámenes partidistas; propone soluciones en mesas de concertación, fiscaliza las políticas públicas con rigor y ejerce el derecho a la movilización como un recurso legítimo e insustituible, pero nunca como la antesala de una aspiración electoral.
