El colapso asistencial y financiero que padeció el sistema de salud durante el cuatrienio anterior encuentra hoy su radiografía más elocuente en las decisiones judiciales y en los informes forenses que desnudan la intervención estatal de las EPS.
De las decisiones judiciales, y de la simple observación de los hechos, puede colegirse que, lejos de responder a una genuina vocación por optimizar el servicio médico o salvaguardar la vida de los usuarios, la toma forzosa de estas entidades obedeció a una embestida que mezcló repugnantemente la ideológica, la avaricia y la ambición deliberadas: desarticular el andamiaje asegurador privado, despojar a sus directivos de la administración y controlar billonarios recursos públicos bajo un discurso revanchista que tachó a las promotoras de ‘enemigas’ del pueblo.
El más reciente ejemplo es la suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar sobre la intervención de Coosalud EPS, junto con el fallo judicial que declaró ilegal la toma de su cooperativa matriz, que corroboran el fracaso estrepitoso de esta torcida estrategia estatista. La intervención estatal no sólo no resolvió ninguna falla previa, sino que agravó lo que pretendió mejorar hasta niveles repudiables. Los indicadores son sobrecogedores: el patrimonio de la entidad sufrió un desplome brutal de 1,14 billones de pesos, pasando de un balance positivo a un abismo financiero, mientras las cuentas por cobrar con más de 180 días de mora se dispararon de 66 mil a casi 275 mil millones de pesos.
Pero el costo más atroz no fue financiero; fue humano. La toma de Coosalud se tradujo en una tragedia silenciosa para millones de ciudadanos vulnerables que dependían de su cobertura. Las tutelas crecieron en 133%, con miles de incidentes de desacato; la red hospitalaria activa se redujo en más de 2.600 prestadores y el inicio de tratamientos vitales para pacientes con cáncer se dilató infamemente de 18 días a casi tres meses de espera agónica. Mientras los enfermos clamaban por atención básica y medicamentos, la administración delegada multiplicaba contratos de asesoría opacos por más de 7.100 millones de pesos al año, acumulaba millonarias deudas vencidas ante la DIAN y destinaba fondos de la salud hacia consumos tan bochornosos como casinos, clubes de adultos y retiros injustificados en efectivo.
El balance judicial es concluyente: la intervención no curó el sistema; lo agravó. Se operó una confiscación fáctica que desnaturalizó la figura constitucional de la vigilancia técnica para instaurar una gestión patrimonialista y sectaria.
Corresponde a los organismos de control avanzar con rigor en las responsabilidades penales y fiscales contra quienes orquestaron este despojo. La salud pública de un país jamás debe ser rehén del resentimiento doctrinario ni de la rapiña presupuestal.