El reciente análisis realizado por nuestro columnista web, Santiago Román, titulado ‘Cartagena y la deuda pendiente con el derecho a la ciudad’, merece un comentario especial contrastando la belleza mágica del Centro Histórico frente a la realidad de su periferia.
Como bien lo expone Román, La Heroica padece una incongruencia inadmisible: mientras el turismo y el desarrollo inmobiliario formal avanzan a pasos agigantados, cerca del 40% del perímetro urbano consolidado tiene un origen informal, que creció al margen de licencias y servicios, levantada casa por casa sobre manglares o zonas de alto riesgo ante la lentitud e inoperancia, o hasta la complacencia y complicidad de servidores oficiales. Concordamos plenamente con el autor en que esto no es un mero tropiezo urbanístico; ha sido una vulneración sistemática al derecho a la ciudad, entendido como el acceso a una vida digna y segura para todos sus habitantes.
El desfase histórico es afrentoso, pues del suelo de expansión definido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001, sólo el 1,7% se desarrolló formalmente, mientras que 844 hectáreas fueron ocupadas de manera irregular, muchas de ellas en ecosistemas protegidos.
Ante este panorama, es de aplaudir que la actual administración distrital adelante una política pública de Legalización Urbanística para priorizar barrios históricamente olvidados como Nelson Mandela o Policarpa. No obstante, el reto jurídico y social es mayúsculo, pues no se puede legalizar a ciegas en zonas de riesgo no mitigable o áreas de conservación ambiental. ¿Cómo garantizar la seguridad a las familias sin premiar la destrucción de entornos protegidos constitucionalmente?
La respuesta exige interconectar tres frentes críticos. Primero, concluir la actualización del POT; y la actual revisión de 2026 hacia un modelo policéntrico de ciudad de 10-15 minutos es la gran oportunidad para trazar límites reales. Legalizar sin ordenar es perpetuar el caos; pero ordenar sin legalizar es invisibilizar a miles de familias. Y, segundo, es indispensable vincular al sector privado mediante alianzas estratégicas. Los esquemas de plusvalía y obligaciones urbanísticas deben ser redistributivos para financiar acueductos, espacio público y mitigación del riesgo.
Finalmente, no podemos ignorar las heridas abiertas en la Ciénaga de la Virgen o el Cerro de La Popa, donde las invasiones, tantas veces orquestadas por mafias, instrumentalizan la pobreza, destruyen el manglar y desafían la ley en zonas intransferibles. El patrimonio ambiental es de todos y también hace parte del derecho a la ciudad.
Este 2026 es momento definitorio para alinear la legalización, el POT y la inversión privada bajo una propositiva veeduría ciudadana. Aplazar las soluciones de fondo resulta en extremo inequitativo y oneroso.