El presidente de la República persiste en afirmar que posee pruebas de un posible fraude electoral, rechazando los resultados del preconteo, denunciando que el censo electoral fue modificado de forma ilegal antes de los comicios mediante dos alteraciones realizadas el 26 de mayo.
El presidente tendría que haber presentado ya esas pruebas, pues frente a sus señalamientos la Registraduría aseguró que el censo electoral definitivo fue cerrado y socializado con todos los partidos políticos el 30 de abril, tras finalizar el periodo de inscripciones el 31 de marzo. La entidad aclaró que el potencial de votantes y la distribución de las mesas fueron publicados mediante resoluciones oficiales el 4 de mayo, desvirtuando cualquier modificación extemporánea. Así mismo, la autoridad electoral confirmó la solidez del sistema al revelar que el escrutinio final adelantado por los jueces de la República arrojó una coincidencia del 99,98% con respecto al preconteo inicial.
A ese parte de tranquilidad se sumó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), cuyo jefe de delegación descartó la existencia de manipulaciones en los sistemas informáticos. Los observadores europeos calificaron la jornada como transparente, ordenada y fluida, señalando que los partidos políticos tuvieron acceso al código fuente del software y recibieron auditorías internacionales independientes dos días antes de las votaciones.
A pesar de avalar la pulcritud del escrutinio, la misión advirtió sobre serios factores de riesgo que alteran el equilibrio democrático. Entre ellos, el informe preliminar cuestionó de manera directa la injerencia política derivada del uso indebido de los canales institucionales por ministerios y entidades públicas con difusión activa de mensajes destinados a exaltar los logros del Gobierno en plena campaña, práctica que infringe las normas de imparcialidad.
Igualmente, encendieron las alarmas en torno a la equidad económica y la oscuridad en los recursos de las campañas, identificando que los retrasos regulatorios y las barreras para acceder a los anticipos estatales terminaron asfixiando a las candidaturas con menor intención de voto y de acceso al crédito bancario. Igualmente, una subdeclaración de gastos, sumada a las denuncias de compra de votos y al uso de inteligencia artificial para difundir contenidos engañosos y desinformación en redes sociales, evidenciando que, si bien la infraestructura técnica de la Registraduría es confiable, el entorno político y financiero de la contienda sigue adoleciendo de una supervisión fiscalizadora efectiva.
Los nuevos tiempos exigen una actualización de la legislación dirigida a regular las nuevas formas de engaño, desinformación y financiación ilegal, que dañan el funcionamiento y legitimidad del sistema democrático.