El presidente de la República sabe, como pocos colombianos, que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe taxativamente a los funcionarios públicos, y con mayor rigor al presidente, participar en controversias electorales. La razón de ser de esta norma obedece a un principio ético y democrático fundamental, dirigido a preservar el equilibrio de poderes y la garantía de equidad en la contienda.
Como resaltó la Misión de Observación Electoral (MOE), el presidente representa la ‘unidad nacional’; por lo tanto, al declarar que se pondrá “al frente” de la campaña del candidato Iván Cepeda y pedir tres millones de votos adicionales, renuncia de su rol de árbitro e institución garante, para convertirse en militante activo.
La MOE denuncia una “exagerada publicidad” de los logros del Gobierno pagada con recursos públicos, para sugerir la continuidad del proyecto político. Desde la ética pública, utilizar el aparato estatal, la pauta oficial o las giras de rendición de cuentas para influir en el voto ciudadano constituye un abuso de poder y flagrante ventaja asimétrica sobre la oposición. Por ello, la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, señala que la única forma legítima y honesta en la que un mandatario en funciones puede dirigir una campaña electoral es renunciando a su cargo. Al no hacerlo, ejerce una doble investidura que daña la transparencia del proceso.
Acusar a la Organización Electoral de manipular el censo, alegando la inclusión de 885 mil votantes falsos, o denunciar compras masivas de votos por parte de la campaña rival sin aportar pruebas ante las autoridades competentes, no es un ejercicio de control ciudadano, sino estrategia de agitación.
La intervención en política no se limita al presidente; se extiende de manera agraviante a miembros de su gabinete, configurando un paisaje de desinstitucionalización, lo que llevó al procurador Gregorio Eljach a remitir la denuncia contra el mandatario a la Comisión de Acusación, lo que traslada la sanción del plano legal al puramente ético y político, pues ya se sabe que esa es la entidad judicial más inofensiva del mundo.
La postura del presidente de la República refleja una profunda incomodidad con los límites constitucionales y los contrapesos institucionales. Cuando las reglas del juego le favorecen, las instituciones son válidas; cuando los resultados electorales o los fallos de la justicia le son adversos, se catalogan como ataques de la oposición o bloqueos institucionales.
En definitiva, la decisión de intervenir abiertamente en favor de su candidato no solo vulnera la ley colombiana: también debilita la salud democrática de la República, convirtiendo una elección presidencial en un plebiscito sobre el modelo de gobierno, marcado por la polarización, la hostilidad y el uso del poder presidencial como herramienta de trinchera electoral.