La contienda electoral por la Presidencia de la República, tal como se esperaba hace algunos meses, se ha tornado inquietante debido a actos, palabras o reportes que refieren una amenaza real y directa contra candidatos presidenciales de la oposición.
Las noticias confirman que la seguridad de estos candidatos presidenciales es crítica, con evidencias materiales de planes de asesinato y hostigamiento; y dicho panorama muestra, al menos, dos tipos de agresión.
Una, que es la violencia simbólica y directa, como la que recibió la candidata Paloma Valencia con la circulación de imágenes fúnebres que simulan su muerte y la vandalización de su sede en Bucaramanga, que no pueden mirarse como hechos aislados; son señales de alerta que diversos sectores políticos han calificado como una amenaza de muerte certera.
Y, otra, ya con un magnicidio consumado en Miguel Uribe, que ha merecido la reciente emisión de circulares rojas de Interpol contra jefes de la Segunda Marquetalia (como alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jhon 40’), lo que demuestra que disidencias, como las de las Farc, tienen la capacidad y la voluntad de atentar contra candidatos presidenciales.
Dado que las amenazas provienen de estructuras como la Segunda Marquetalia, el Eln y las disidencias de ‘Iván Mordisco’, grupos que sostuvieron o mantienen diálogos o beneficios jurídicos bajo el marco de la ‘Paz Total’ del Gobierno, candidatos afines al Gobierno no tienen razones objetivas para temer por su vida desde estos sectores violentos. En tal sentido, no pueden limitarse a condenar la violencia de manera retórica en tanto que el riesgo para los candidatos no oficialistas se intensifica por el control territorial en regiones estratégicas.
¿Cómo pueden los candidatos de la oposición hacer proselitismo en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, donde la Fuerza Pública tiene una intervención operativa limitada?
Así las cosas, salta a la vista que la contienda electoral está bajo una amenaza cierta y asimétrica. Mientras los candidatos de oposición confrontan una maquinaria violenta de grupos que han asesinado aspirantes en otros tiempos y recientemente, con Miguel Uribe Turbay, y que controlan partes del territorio nacional, candidatos neutros y los cercanos al oficialismo pareciera gozar de una estabilidad derivada de la afinidad política hacia el Gobierno y los procesos de negociación con dichos grupos.
Esa es una percepción que seguro no corresponde a la verdad. Sin embargo, es indispensable que el Gobierno, a través del presidente, dé muestras claras del rechazo a las amenazas a los candidatos opositores, pues no puede quedar en el ambiente que hay una complacencia con una situación de altísima gravedad, que daña profundamente la percepción de imparcialidad que se requiere en un momento tan crítico de la vida nacional.