Hay decisiones que marcan la vida de una familia, y tener vivienda propia es de las de mayor impacto. Comprar casa propia no es solo una transacción económica: es el paso que separa lo temporal de la estabilidad, el arriendo de la pertenencia, lo transitorio del arraigo.
Preocupa profundamente que, en medio de una coyuntura compleja para el acceso a la vivienda en Colombia, sea el propio presidente de la República quien envié mensajes que desincentivan ese propósito. Con pronunciamientos apresurados, como el de hace pocos días, reduce el sueño de muchas familias a una “majadería”, lo que resulta paradójico cuando la Constitución misma impone a los gobernantes, la obligación de diseñar y ejecutar programas de acceso a la vivienda para los más necesitados.
En Colombia, el acceso a la vivienda no es un lujo; es un derecho. Así lo establece el Artículo 51 de la Constitución Política, que no deja espacio a interpretaciones: corresponde al Estado fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Es decir, no les corresponde a los constructores, a Camacol, al Banco de la República o a nadie del sector privado; es una obligación del presidente, de su gobierno y sus ministros.
Durante años, programas como ‘Mi Casa Ya’ demostraron que la política de vivienda bien diseñada no solo cumple una función social, sino que también dinamiza la economía, porque cada subsidio otorgado no era un gasto del Estado, sino una inversión que, por vía del sector construcción, generaba empleo formal, movilizaba proveedores y sobre todo, permitía que miles de familias accedieran a una vivienda digna. Nadie entiende por qué el Gobierno decidió quitarle los recursos a este programa hasta marchitarlo.
Cuando estos instrumentos se debilitan o desaparecen, el impacto no solo es inmediato, si no que afecta directamente a población vulnerable, porque fueron diseñados precisamente para que las familias pudieran acceder a una vivienda digna independientemente de las fluctuaciones económicas o del precio del mercado. El subsidio a la vivienda no era un alivio marginal, sino un mecanismo pensado para cerrar brechas, incluso estableciendo parámetros como los topes de la Vivienda de Interés Social para garantizar su alcance.
Al contrario de lo que se percibe en el contexto nacional, la experiencia reciente en Cartagena demuestra que cuando hay articulación entre los sectores público y privado, sí es posible avanzar. El anuncio del alcalde Turbay en la pasada asamblea de Camacol Bolívar, de fortalecer el programa ‘Mi Casa Va’, con la inversión de 50 mil millones de pesos, es una señal de que existen caminos viables para recuperar la confianza, reactivar el sector y, sobre todo, devolverles a las familias la posibilidad real de acceder a una vivienda, un deseo que se relaciona con la dignidad.
Y la dignidad no puede depender de opiniones oficiales.