Comenzando por el presidente de la República, el manejo que varios líderes políticos le han dado a la tragedia del “Hércules” siniestrado este lunes festivo es francamente deplorable.
No puede ser que un hecho tan traumático para la Nación y, singularmente, para los sobrevivientes y las familias de todos los pasajeros que sufrieron tal terrible accidente, en vez de convertirse en un hecho que uniera a los colombianos a través del dolor común y compartido, haya trastocado en cálculo electoral reprochable y material para avivar la confrontación política.
No puede ser que la pérdida de las vidas de al menos 69 miembros de la Fuerza Pública y 55 heridos, que tendría que suscitar llanto y solidaridad, sobre todo, por parte de los responsables de la política y la alta dirigencia nacional, convierta en campo de batalla lo que es en esencia una tragedia sin precedentes entre nuestros sacrificados soldados y policías.
No puede ser que mientras los humildes pobladores de Puerto Leguízamo hacían sus mejores esfuerzos con total desprendimiento, entrega y espíritu de sacrificio para rescatar y trasladar a los heridos, incluso a costa del riesgo de sus propias vidas, en la capital el debate se centrara en la búsqueda de culpables políticos y de plantear hipótesis chocantes, a partir de supuestos carentes de soportes técnicos, imposibles de precisar por la ausencia de la correspondiente investigación.
Cómo es posible que el presidente haya calificado al Hércules FAC-1016 como chatarra, atribuyendo la responsabilidad a la anterior administración por la adquisición de equipos con décadas de uso, cuando estos aviones son fabricados para largos decenios de existencia, con tal de que se garantice el mantenimiento adecuado para el destino al que han sido creados, sin considerar que la idoneidad técnica del avión estaba dada desde el último mantenimiento mayor (PMA), finalizado en 2023, bajo la actual administración, y que contaba aún con miles de horas de vida útil según la propia Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), y no pocos expertos y militares afirman que la aeronave cumplía con los estándares de aeronavegabilidad.
En todo caso, salvo que exista una fuerza mayor imposible de resistir, una tragedia como esta no puede quedar impune.
Es indispensable entonces que se determine si se hizo la debida gestión presupuestal, con la correspondiente asignación y ejecución de recursos para el mantenimiento del FAC-1016, y la diligencia en la aprobación de documentos CONPES para modernizar la flota, habida consideración de la ocurrencia de más de 12 accidentes aéreos militares en los últimos años.
Y debe quedar, como otra lección aprendida, el asco que produce el uso electoral de una emergencia tan trágica como intento de politizar el dolor, por encima de respuestas que prioricen, con dignidad, el acompañamiento real a las víctimas.