Este domingo 8 de marzo Colombia vuelve a las urnas para elegir el Congreso de la República, que ejercerá funciones entre 2026 y 2030. No se trata de una cita menor: el país escogerá a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, instituciones que constituyen uno de los pilares de nuestra democracia y que serán determinantes para la gobernabilidad del próximo presidente, que será elegido en mayo, o en junio, de ser necesaria la segunda vuelta.
Según la Registraduría, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en esta jornada, en la que también se podrá participar en consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales de distintas corrientes políticas. Se trata, por tanto, de una elección doblemente trascendental: no solo se renueva el poder legislativo, también se comienza a perfilar el rumbo político del país para los próximos años.
La magnitud del proceso es evidente: se instalarán más de 125.000 mesas de votación en miles de puestos en todo el territorio nacional y en decenas de países para los colombianos en el exterior. Además, más de 400 observadores internacionales de organismos como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter acompañarán la jornada, un respaldo que reafirma la confianza de la comunidad internacional en la institucionalidad electoral colombiana.
Para Cartagena y el Caribe esta jornada también tiene un significado especial. La elección de representantes a la Cámara y el peso electoral de la región en el Senado inciden directamente en la capacidad de defender los intereses del territorio, gestionar recursos y llevar al Congreso las necesidades históricas de la región.
Sin embargo, estas elecciones llegan en medio de desafíos que no pueden ignorarse. Persisten riesgos de seguridad en distintas regiones del país, donde la presencia de grupos armados y economías ilegales intenta incidir en la política local. A esto se suma un problema histórico que ha debilitado la confianza ciudadana: los delitos electorales, entre esos la compra de votos, una práctica que corroe la legitimidad de la democracia.
Por eso, la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. La democracia también depende de los ciudadanos. Votar es un derecho, pero también un deber con el país. Cada sufragio libre y consciente fortalece las instituciones y envía un mensaje claro contra quienes pretenden capturar la política mediante el dinero, la presión o la intimidación.
Este domingo los colombianos tienen en sus manos una herramienta poderosa: el voto. Ejercerlo con libertad, denunciar cualquier irregularidad y rechazar prácticas ilegales es la mejor forma de proteger la democracia.
Participar es decidir el futuro. Y decidir, en democracia, empieza por salir a votar.