La reciente crisis de los bloqueos en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo no es evento fortuito ni una conspiración política, sino la consecuencia directa de una política fiscal centralista y desmedida. Bajo el amparo del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional impulsó una actualización catastral masiva en 520 municipios, ejecutada por el IGAC, y no por las administraciones municipales.
El resultado ha sido lo que expertos y afectados califican como una “matemática del despojo”: incrementos en los avalúos que en algunos casos superan el 1.100% y llegan hasta el 8.000%. Estas cifras, desconectadas de la realidad económica de los productores rurales, convierten el impuesto predial en una carga impagable que amenaza con la pérdida de la propiedad privada de miles de campesinos.
Ante la protesta social, el Gobierno nacional optó por una narrativa de exculpación y ataque, intentando trasladar la responsabilidad total a los alcaldes municipales. Sin embargo, el análisis de los hechos revela una realidad distinta.
En efecto, el incremento surgió de una norma del Plan de Desarrollo del Gobierno y la ejecución técnica del IGAC -entidad del orden nacional-, con lo cual los alcaldes no fijaron el avalúo; recibieron una base catastral ya inflada por el Gobierno.
El Gobierno central justificó la actualización prometiendo una ley de topes para evitar cobros desproporcionados del predial. Dicha ley nunca se materializó, dejando a los municipios sin herramientas legales para contener el impacto del alza automática.
No se entiende entonces cómo el presidente amenaza con encarcelar o destituir alcaldes que no “solucionen” el problema bajando las tarifas, postura que ignora que los alcaldes no tienen facultades discrecionales para alterar avalúos ya certificados por la nación.
Esa falta de una solución técnica y gradual por parte del Ministerio de Hacienda y el IGAC provocó un paro que paralizó el aparato productivo de los Santanderes y el centro del país con costos alarmantes; y, lo peor, creando una tensión civil debido al llamado presidencial a crear “guardias libertadoras”, que no serían más que organizaciones civiles para abrir vías, lo que claramente es presión temeraria que desconoce el papel constitucional de la Fuerza Pública.
Aunque los bloqueos se levantaron tras acuerdos locales en Santander y Boyacá, y tal como lo ha dicho la Federación Colombiana de Municipios, la solución debe ser nacional y técnica.
No puede ser, y solo a manera de ejemplo, que en Achí el IGAC haya ordenado aumentos del 757%, en Arjona del 424%, en Cantagallo del 325%, o en Clemencia de 3.863%. Son saltos absurdos de valor que no coinciden con la realidad de los territorios.
El asunto merece una solución nacional de fondo, que restrinja las actualizaciones masivas sin considerar la capacidad de pago del campesinado.