El ministro de Defensa denominó, este lunes, narcoterroristas a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que desplegaron el ‘paro armado’ en varias regiones del país, después de la detonación controlada de un cilindro de gas en Norte de Santander, departamento históricamente afectado por la presencia de este grupo violento, con ataques contra sedes policiales y desactivación de explosivos.
El objetivo del ‘paro armado’ es bloquear el tránsito terrestre y fluvial, paralizar las actividades cotidianas en zonas donde ese grupo opera, incluidos el cierre de comercios, escuelas y el confinamiento de la población en sus hogares, como prueba de la gobernabilidad que ostentan en esos territorios, teniendo como excusa, en esta ocasión, que “el pueblo y sus líderes siguen sufriendo y resistencia al exterminio por parte de bandas estatales y paraestatales”, y por la “agresión imperialista” y el “plan neocolonial” de Donald Trump contra Venezuela.
Muy bien que el presidente Petro haya rechazado tales intimidaciones al afirmar que estas “no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia”, agregando que la “orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al Eln”.
Por eso cayó muy mal la publicación realizada en la cuenta oficial del Invías, en X, en la que se replicó el boletín emitido por el Eln como convocatoria al ‘paro armado’, por fortuna, posteriormente rechazada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; pero no es suficiente. Es indispensable que los organismos de control prioricen la investigación que permita fijar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, pues implícitamente figuró una entidad del Estado claudicando ante las amenazas de un grupo armado, proponiendo como solución que los ciudadanos no circularan por las vías nacionales, salvo que fuera estrictamente necesario, replicando el boletín emitido por el Eln.
Atinada, por su parte, la afirmación de la Delegación del Gobierno Nacional constituida para entablar los diálogos de paz con el Eln, suspendidos desde principios de este año, por “carecer de todo sentido”, considerando la excusa de las medidas adoptadas por el gobierno de EE. UU.
A la fecha ya van más de 51 hostigamientos y 13 regiones afectadas con el uso de armas no convencionales, instalación de banderas, grafitis, marcación de vehículos y mensajes intimidatorios de la guerrilla.
Aunque ha habido una reacción apropiada del Estado durante estas 72 horas de paro, el país no violento espera que el Gobierno adopte medidas eficaces y permanentes que den respuesta integral, inmediata y verificable para recuperar y mantener el control territorial, e impedir que la sensación del retorno al imperio del terrorismo en vastas zonas nacionales, destruyan la confianza en el deber estatal de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.