Un escándalo judicial de gran impacto sacude al departamento del Tolima tras la condena contra el exalcalde de Villahermosa, Carlos Evelio Herrera García, quien fue hallado culpable de haber simulado un ataque armado contra su propia vida con fines fraudulentos.
La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara, con abundante material probatorio, que el supuesto atentado nunca ocurrió y que todo fue un montaje diseñado para obtener beneficios en materia de seguridad personal.
El exmandatario fue condenado a 18 años de prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones agravado. Además, la justicia ordenó su inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal y negó cualquier tipo de beneficio judicial, por lo que deberá cumplir la condena en un centro carcelario una vez la sentencia quede en firme.
Los hechos que dieron origen al proceso judicial se remontan al 19 de febrero de 2012, cuando Herrera García denunció que había sido víctima de un atentado mientras se movilizaba por la vía que comunica a Villahermosa con Líbano, en el sector conocido como Gato Negro.
En ese momento, la versión generó preocupación en la comunidad y activó alertas institucionales por un presunto riesgo contra la vida del entonces alcalde.
Peritajes revelaron que todo fue un montaje
Las investigaciones técnicas adelantadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que no hubo ataque armado real.
Por el contrario, las evidencias demostraron que el exalcalde habría planeado y ejecutado el falso atentado con el propósito de acceder a esquemas especiales de seguridad, entre ellos un vehículo blindado y medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Para la justicia, el caso constituye un grave abuso de los mecanismos de protección del Estado y una utilización indebida de recursos destinados a personas que realmente se encuentran en riesgo. Aunque la sentencia es de primera instancia y aún proceden los recursos de ley, el fallo marca un precedente importante frente a la manipulación de los sistemas de seguridad institucional y el uso ilegal de armas para fines personales.