La justicia colombiana ha proferido un fallo ejemplar en el departamento de Caquetá, tras confirmarse la responsabilidad penal de un profesional de la salud en graves episodios de violencia sexual. Un juez de conocimiento del circuito de Florencia condenó a 10 años de prisión al médico ginecólogo Héctor Hernán Ramírez Giraldo, quien fue hallado culpable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
La sentencia se fundamenta en el material probatorio recolectado por la Fiscalía General de la Nación, el cual demostró que el especialista utilizó su posición de autoridad y la privacidad de su consultorio para agredir a dos de sus pacientes en momentos distintos.
Los hechos que motivaron este proceso judicial se remontan a diciembre de 2017 y julio de 2018. En ambas ocasiones, las víctimas acudieron a las instalaciones médicas de la capital caqueteña con la confianza de recibir una atención profesional y ética.
Sin embargo, las denuncias radicadas ante las autoridades describieron un patrón de conducta alarmante: el médico iniciaba la interacción con comentarios inapropiados y de fuerte carga sexual, para luego escalar la agresión hacia el abuso físico aprovechando que las mujeres se encontraban en pleno chequeo médico, una situación que las dejaba en una posición de absoluta vulnerabilidad y sin capacidad de reacción.
Enviado a la cárcel
Tras analizar los testimonios y las pruebas técnicas presentadas, el juzgado determinó que el actuar de Ramírez Giraldo no solo constituyó un delito penal, sino una profunda traición a la ética médica. Como parte de la sentencia, el juez también impuso una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, subrayando que el condenado deberá cumplir su castigo en un centro carcelario. Al finalizar la audiencia de lectura de fallo, se ordenó de inmediato su captura, la cual se hará efectiva una vez que la condena quede debidamente ejecutoriada o en firme.
Cabe destacar que esta resolución corresponde a una decisión de primera instancia, lo que significa que sobre ella todavía proceden los recursos de ley y apelaciones que la defensa considere pertinentes ante instancias superiores.