Un juez de conocimiento profirió una condena severa en un caso de violencia intrafamiliar que generó profundo impacto en Yopal, Casanare. Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el despacho judicial declaró culpable a Juan Manuel Sánchez López por el delito de homicidio agravado, imponiéndole una pena de 35 años y 10 meses de prisión por la muerte de su propia madre.
La decisión judicial se fundamentó en el material probatorio recaudado durante el proceso, el cual permitió establecer con claridad la responsabilidad penal del acusado.
Los hechos investigados se remontan al 18 de junio de 2023, cuando en una vivienda ubicada en la capital casanareña se registró un episodio de violencia que terminó en tragedia. Para ese entonces, Sánchez López tenía 28 años.
Los hechos y la decisión judicial
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el hoy condenado causó la muerte de su madre mediante asfixia mecánica, luego de una fuerte discusión que fue escuchada por vecinos del sector. La confrontación alertó a la comunidad, que decidió comunicarse con las autoridades al percibir la gravedad de la situación que se desarrollaba al interior del inmueble.
Uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir el reporte por una agresión por parte de los vecinos. No obstante, al llegar a la vivienda, encontraron que la mujer ya había fallecido.
Este hecho marcó el inicio de un proceso judicial que se extendió durante varios años y que culminó con la reciente sentencia condenatoria.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, informes técnicos y otros elementos materiales probatorios que fueron valorados por el juez, quien concluyó que existían suficientes fundamentos para dictar una condena ejemplar. Además de la pena de prisión, el fallo impuso a Sánchez López la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.
Asimismo, el juez ordenó la suspensión de cualquier tipo de beneficio o mecanismo sustitutivo de la pena, lo que significa que el condenado no podrá acceder a alternativas como la prisión domiciliaria u otros beneficios judiciales.