Un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana de Montería, el Gaula Militar Sinú y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en actividades de extorsión y otros delitos que venían afectando zonas rurales de la ciudad de Montería y localidades cercanas del departamento de Córdoba.
De acuerdo con la información oficial, los detenidos harían parte de la subestructura criminal conocida como ‘Zuley Guerra Castro’, la cual mantiene injerencia en el corregimiento de Santa Lucía y en veredas como Santa Clara, Cucharal, Pajonal y El Hueso.
Entre los capturados se encuentra un ex policía, conocido con el alias de ‘el Tombo’, quien recientemente fue retirado de la institución policial por faltas graves a sus deberes. Las autoridades aseguran que este ex uniformado habría utilizado su conocimiento interno para identificar posibles víctimas, recolectar información estratégica y facilitar acciones de la organización ilegal.
Operativos simultáneos y alcance de la red criminal
El coronel Héctor Ruiz Arias explicó que los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de Montería, el corregimiento de Santa Lucía y el municipio de Montelíbano.
Como resultado, se lograron dos capturas en territorio y una notificación judicial a un interno recluido en un centro penitenciario de la ciudad de Barranquilla.
Entre los implicados figura alias ‘Arnovis’, quien ya se encontraba privado de la libertad y, según las investigaciones, continuaba dirigiendo extorsiones desde el interior del establecimiento carcelario. Sus víctimas serían comerciantes, ganaderos y transportadores, a quienes presuntamente exigía sumas de dinero bajo amenazas para permitirles operar en la región.
Las autoridades indicaron que los tres capturados deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado y que, además, estarían relacionados con otros procesos penales en curso.
Finalmente, fueron dejados a disposición de los jueces competentes, quienes en los próximos días definirán su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo esta red criminal que afecta la seguridad y la economía local.