En un fallo que busca sentar un precedente sobre la protección de la infancia en espacios comunitarios, un juez de conocimiento dictó sentencia condenatoria contra Leonel De Jesús Velásquez López. El hombre fue hallado responsable del delito de acto sexual violento agravado, tras demostrarse su culpabilidad en una serie de ataques contra una menor de tan solo 8 años de edad en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos victimizantes ocurrieron entre los meses de febrero y marzo del año 2023. El escenario de las agresiones fue, paradójicamente, una congregación religiosa a la que asistían tanto el agresor como la víctima.
El material probatorio permitió establecer que Velásquez López aprovechaba los momentos de culto para acechar a la niña. La Fiscalía demostró que el hoy condenado persiguió e intimidó de manera sistemática a la menor.
Uno de los episodios más graves relatados durante el proceso judicial ocurrió cuando la víctima se desplazó hacia el patio del establecimiento para beber agua; en ese momento, el sujeto la abordó, intentó despojarla de sus vestiduras y procedió a realizar tocamientos íntimos de forma violenta mientras le tapaba la boca para evitar que pidiera auxilio.
Amenazas y captura
Para asegurar el silencio de la pequeña, Velásquez López recurrió a la coacción psicológica, amenazándola con asesinar a sus padres si llegaba a revelar lo sucedido o si gritaba en el momento del ataque.
Sin embargo, las denuncias permitieron que las autoridades actuaran con celeridad, logrando su captura en julio de 2023, fecha desde la cual permanece privado de la libertad.
La justicia determinó que el sujeto deberá cumplir una pena de 11 años de prisión en un centro carcelario. Además de la restricción de su libertad, la sentencia incluyó una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal.
Debido a la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, la sentencia ha quedado en firme, cerrando así un capítulo procesal que busca reparar, desde la legalidad, la integridad de la víctima y su núcleo familiar.