Las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Sucre fueron determinantes para que un juez de conocimiento de Sincelejo condenara a 32 meses de prisión a Teresita de Jesús Alcocer Puentes y a su hija, Arlin Winneth Cuello Alcocer, halladas responsables del delito de maltrato animal. El fallo judicial se relaciona con la muerte del canino ‘Rommy’, una canina de raza Pastor Alemán, en un hecho que generó rechazo e indignación en la comunidad sucreña.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en un predio ubicado en el barrio Santa Helena, en la capital del departamento de Sucre. Según lo probado en el proceso, madre e hija protagonizaron un acto de extrema crueldad contra el animal, motivado por la intolerancia y la incapacidad de manejar una situación cotidiana de convivencia.
Las autoridades establecieron que ‘Rommy’ ladraba de manera reiterada, situación que generó molestia en las ahora condenadas. En lugar de buscar una solución pacífica o acudir a instancias de protección animal, las mujeres decidieron atacar al canino, quemándolo en la terraza de su vivienda, acción que le causó la muerte.
Este comportamiento fue catalogado por la Fiscalía como un grave acto de violencia que vulneró de forma directa las normas de protección animal vigentes en el país.
Un precedente judicial contra el maltrato animal
Tras conocerse los hechos, la Fiscalía imputó a Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer el delito de muerte a animal agravado. En una primera etapa del proceso, se les impuso una pena de 8 meses de prisión por esta conducta.
Sin embargo, el avance del juicio y la solidez del material probatorio presentado por el ente acusador llevaron a que el juez emitiera una condena más severa, fijando una pena total de 32 meses de prisión.
Desde la Seccional Sucre se destacó que esta decisión judicial representa un mensaje claro frente a la protección de los animales y la sanción de conductas violentas en su contra. El apoyo del grupo Gelma fue clave para recolectar pruebas, testimonios y elementos técnicos que permitieron demostrar la responsabilidad penal de las procesadas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales señalaron que este caso marca un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en la región, al evidenciar que este tipo de actos no quedarán en la impunidad.