La justicia ha emitido una sentencia contundente que busca enviar un mensaje claro contra la violencia de género. Un juez de conocimiento condenó a 41 años y 4 meses de prisión a un hombre, de 40 años, declarado culpable del delito de feminicidio agravado en la isla de Providencia. Este fallo es el resultado de la robusta investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional San Andrés, que logró aportar material de prueba irrefutable para demostrar la responsabilidad del sentenciado en el crimen de su pareja sentimental.
Los hechos que culminaron en esta trágica condena se registraron el pasado 28 de junio. La víctima, una mujer de 33 años, fue atacada en su lugar de trabajo, un puesto de venta de alimentos, por el hoy condenado.
La escalada de violencia y la rápida captura
El móvil del atroz crimen se centró en una disputa económica que escaló hasta la violencia fatal. El sentenciado llegó al lugar de trabajo de la mujer y le exigió una suma de dinero. Sin embargo, el monto que ella pudo entregarle fue considerado “insuficiente” por el agresor.
Esta percepción desató una brutal reacción: el hombre golpeó a la víctima y, en medio de la discusión, procedió a atacarla con un arma cortopunzante, hiriéndola gravemente en la garganta y el pecho.
A pesar de ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, la gravedad de las lesiones le causó la muerte. Adicionalmente, durante el violento suceso, el condenado también agredió verbalmente a otra mujer que laboraba en el mismo puesto de alimentos.
La respuesta de las autoridades fue inmediata. La Policía Nacional fue alertada del crimen y logró materializar la captura del agresor momentos después de los hechos, evitando su fuga. Desde ese momento, el hombre se encuentra privado de la libertad, recluido en la cárcel Nueva Esperanza, ubicada en la isla de San Andrés.
La sentencia no solo impone la pena privativa de la libertad por más de cuatro décadas, sino que también incluye una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena, conforme a la disposición judicial.