Las labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Seccional Córdoba permitieron la judicialización de un hombre señalado como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio agravado, en un grave caso de violencia de género registrado en zona rural del municipio de San Pelayo.
De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el imputado habría mantenido una relación sentimental con la víctima durante más de 30 años, periodo en el que, al parecer, se habrían presentado episodios constantes de maltrato físico.
Según la investigación, los hechos más recientes ocurrieron el pasado 10 de diciembre en el corregimiento de Carrillo, específicamente en la vereda San Isidro. En ese lugar, el procesado presuntamente atacó a su pareja sentimental en varias oportunidades con un arma cortopunzante, causándole heridas de consideración.
Además de esta agresión, los investigadores lograron establecer que la mujer habría sido sometida de manera reiterada a violencia física durante gran parte de la relación.
Las autoridades señalaron que, tras el último ataque, la víctima fue auxiliada por personas del sector y trasladada de urgencia a un centro médico, donde debió ser hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su rápida atención permitió estabilizarla y evitar consecuencias fatales, según se conoció en el proceso judicial.
Medida de aseguramiento pese a la negativa del imputado
Las labores de policía judicial permitieron recolectar elementos materiales probatorios y testimonios que evidenciarían un patrón continuo de agresiones a lo largo de los años. Estos elementos fueron clave para que la Fiscalía imputara el delito de tentativa de feminicidio agravado, teniendo en cuenta la relación sentimental prolongada y el contexto de violencia reiterada.
Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos y negó su responsabilidad frente a los hechos y delitos que le fueron atribuidos. Sin embargo, tras evaluar el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías consideró que existían suficientes elementos para imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar y la importancia de denunciar de manera oportuna este tipo de conductas. Las autoridades reiteraron el llamado a las víctimas para que acudan a las rutas de atención y protección, con el fin de prevenir hechos que puedan terminar en tragedias mayores.