La tensión en el norte del Valle de Aburrá volvió a escalar este martes tras un nuevo hecho violento que se registró al final de la tarde en jurisdicción de Copacabana. En esta ocasión, la emergencia se originó en el peaje de la autopista Medellín–Bogotá, donde se produjo una explosión cuya naturaleza aún está siendo analizada por las autoridades.
El Colombiano dio a conocer que la primera información recopilada en la zona indica que dos uniformados de la Policía resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados de inmediato, mientras se verificaba si había más personas afectadas. La vía quedó completamente cerrada en ambos sentidos, lo que provocó un fuerte colapso vehicular y obligó a los conductores a buscar desvíos para continuar sus recorridos.
Este nuevo episodio se suma a una cadena de ataques y acciones violentas que sacudieron al Valle de Aburrá en menos de 24 horas. El primero de ellos ocurrió en la madrugada del mismo martes, cuando presuntos integrantes del ELN instalaron artefactos explosivos en el peaje Cabildo, ubicado entre Girardota y Barbosa. La detonación dañó parte de la estructura del punto de recaudo y obligó a suspender su operación.
Según el reporte oficial, hombres armados llegaron al sitio, intimidaron a los trabajadores y les ordenaron retirarse antes de activar la carga explosiva, lo que dejó a la infraestructura fuera de funcionamiento y generó un clima de zozobra en los municipios cercanos.
Horas más tarde, en la mañana, otro hecho de alteración del orden público se produjo en Medellín, esta vez dentro del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Un grupo de encapuchados ingresó a la institución y prendió fuego a una de las oficinas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó lo ocurrido y calificó la situación como un acto de “terrorismo”, subrayando que un grupo reducido había logrado afectar a toda la comunidad educativa. El incendio consumió mobiliario, enseres y documentos almacenados en el lugar antes de que los bomberos lograran controlar las llamas.
La cadena de incidentes motivó la realización de un consejo de seguridad en la mañana del martes, con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los mandatarios municipales del Valle de Aburrá. Durante el encuentro, el gobernador reiteró la recompensa de hasta diez millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, individualizar y capturar a personas vinculadas con las redes de apoyo al terrorismo de las FARC y el ELN, medida que está vigente desde el 11 de septiembre, luego del derribamiento de torres de energía en el sector La Asomadera, en el oriente de Medellín.
Desde la Alcaldía de Medellín también se lanzaron fuertes cuestionamientos hacia la política de seguridad del Gobierno Nacional. El alcalde Gutiérrez rechazó los ataques ocurridos en el peaje Cabildo, en Copacabana y en el Politécnico, y atribuyó estos hechos al avance de estructuras criminales en el marco de la política de “paz total”.
Señaló que grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN se han fortalecido, y reiteró que dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid la situación ha sido denunciada en repetidas ocasiones, aludiendo a que un pequeño grupo de delincuentes habría logrado afectar a miles de estudiantes que buscan continuar sus estudios en condiciones de tranquilidad.
El balance provisional deja al menos dos policías heridos, un peaje cerrado y daños significativos en infraestructura educativa, mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la búsqueda de los responsables.