Un juez con función de control de garantías envió a un centro carcelario a Miguel Elías Baldovino Vergara, señalado de liderar una estructura dedicada a la extorsión en varios municipios de Sucre. Según la investigación, Baldovino habría iniciado su actuar criminal en 2019, operando en Sincelejo, Sampués, El Roble, San Benito Abad, Corozal, Sincé y Betulia, hasta convertirse en cabecilla de zona de la subestructura Manuel José Gaitán.
Junto a él también fue enviada a prisión su compañera sentimental, Paola Carolina Alemán Martínez, quien sería la encargada de coordinar las exigencias y cobros extorsivos. Además, fue asegurado Víctor Andrés Hernández Montes, alias “Iván”, quien presuntamente actuaba como recaudador y presionaba a las víctimas para que pagaran las cuotas mensuales exigidas por la organización criminal.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron elementos clave que habrían servido para sostener la red de extorsión: cuatro teléfonos celulares, dos motocicletas, $2.260.000 en efectivo y 28 comprobantes de transacciones realizadas por Nequi, por un valor total de $49.797.000. Según los investigadores, ese dinero corresponde a pagos extorsivos realizados por comerciantes y ciudadanos que estaban siendo intimidados.
Detenciones domiciliarias y más incautaciones
En el mismo proceso judicial, otros tres presuntos implicados en la red de cobros también fueron judicializados. Isaac Meléndez Rodríguez, alias “Juan David”; Omar Pérez Mogollón y Jonathan Parra Tuirán fueron cobijados con detención domiciliaria, al ser señalados de participar en la exigencia de pagos a comerciantes de Sincelejo, Corozal y Los Palmitos.
De acuerdo con la Fiscalía, alias “Juan David” visitaba establecimientos comerciales haciéndose pasar por integrante del Ejército Gaitanista de Colombia (E.G.C.), dejando papeles con números telefónicos para luego comunicarse y exigir sumas cercanas al millón de pesos por “seguridad”
Los sospechosos fueron sorprendidos por los uniformados en el momento exacto en que recibían parte del dinero producto de la extorsión. En esta parte del procedimiento se incautaron además tres motocicletas, cuatro celulares y un millón de pesos correspondiente a una cuota extorsiva que sería entregada a la estructura criminal.
Las autoridades resaltaron que estos golpes permiten debilitar las finanzas de grupos que buscan imponer terror entre los comerciantes de la región, y aseguraron que continuarán las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados.