Una estructura criminal dedicada a la trata de personas fue desmantelada por la Dijín de la Policía Nacional, luego de establecerse que tres presuntos integrantes engañaban a mujeres en Colombia para trasladarlas a Medio Oriente, donde eran sometidas a explotación sexual.
Las víctimas eran atraídas con la promesa de apoyo económico y logístico para viajar, pero al llegar a su destino eran retenidas, despojadas de sus documentos personales y obligadas a ejercer actividades sexuales para saldar una deuda que alcanzaba los 10.000 dólares.
Según las investigaciones, entre julio de 2023 y octubre de 2025, las mujeres captadas en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) fueron enviadas a Baréin, pese a que inicialmente se les aseguraba que viajarían a Emiratos Árabes Unidos.
Una vez allí, eran recibidas por otros colaboradores de la red, quienes les quitaban los pasaportes, restringían su movilidad y las sometían a malos tratos físicos y psicológicos. Además, las amenazaban con denunciarlas ante las autoridades locales para que fueran detenidas por prostitución si intentaban escapar.
Judicialización de los capturados
Los presuntos responsables de esta red fueron identificados como los ciudadanos venezolanos Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas junto con el colombiano Enrique Quijano Ramírez. Todos fueron capturados en Cali por unidades especializadas de la Policía Nacional. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías.
De acuerdo con los elementos recaudados, los implicados serían los encargados de contactar a las víctimas y ofrecerles la supuesta financiación de tiquetes aéreos, visados y desplazamientos. Tras ello, garantizaban su salida del país con el argumento de brindarles oportunidades laborales en Medio Oriente. Sin embargo, al llegar a Baréin eran obligadas a pagar la deuda por medio de servicios sexuales.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que ninguno aceptó durante las audiencias preliminares. Por disposición del juez, los dos ciudadanos extranjeros fueron enviados a un centro carcelario, mientras que Quijano Ramírez deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer si existen más víctimas y otros posibles integrantes de la organización delictiva en Colombia y en el exterior. Se hace un llamado a denunciar este tipo de actuaciones criminales que afectan principalmente a mujeres en condición de vulnerabilidad.