El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, subcomandante de la Policía de La Guajira, se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación, para responder por una orden de captura en su contra por el delitos sexuales.
Los hechos ocurrieron, según las víctimas, hace pocos meses en dicho departamento. Se trata de siete auxiliares de la Policía, pero hasta ahora solo cuatro han hecho las denuncias de manera oficial, las otras tres se encuentran bajo atención psicológica y médica. Lea: ¿Con los mormones? Esto hizo Brayan Campo el día que acabó con la niña Sofía Delgado
La Policía Nacional, a raíz del caso, comenzó una investigación disciplinaria interna contra el oficial con el objetivo de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Además, se adoptó la decisión de separar al oficial de su cargo mientras avanzan las investigaciones. En estos momentos el oficial está bajo custodia policial en un centro médico.
Las jóvenes, quienes soñaban con ser patrulleras y por el momento prestaban sus servicios como auxiliares, manifestaron ser víctimas de abuso sexual dentro del comando de Policía de Riohacha. Los hechos salieron a la luz luego que una de las víctimas, informara a su papá llorando lo que le había pasado con el superior.
Auxiliares de Policía temen por su vida tras las denuncias
También se conoció que una de las jóvenes involucradas tuvo que someterse a un procedimiento de legrado en un centro médico de Riohacha, autorizado por ella misma ya que tenía varias semanas de embarazo, producto de una violación el pasado mes de mayo. Las muestras recolectadas serán analizadas por Medicina Legal, que determinará si existe coincidencia genética con el oficial.
Cabe anotar que los abusos sexuales ocurrieron en diferentes días y lugares del comando y bajo la presión de un mejor puesto o ubicación en la institución, además de otros beneficios dentro de la Policía. Los casos fuero presentados fuera de La Guajira, temiendo posibles represalias o tráfico de influencias dentro de la institución. Los parientes de las denunciantes dicen temer por sus vidas.