Por su presunta responsabilidad en extorsiones a comerciantes en Bolívar, la Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres en distintos procesos.
Entre los procesados están Óscar Javier Quintana Cárdenas, alias Pambe, y William José Puello Mesino, alias Cuchilla, quienes fueron capturados en la vía que conecta al corregimiento de Zipacoa con el municipio de Villanueva. Cayeron el 23 de agosto en un operativo de la Armada y la Policía Nacional.
“Los procesados habrían simulado ser integrantes de un grupo armado ilegal para intimidar al propietario de varios establecimientos de comercio en Villanueva. A la víctima, se cree, le exigieron 20 millones de pesos, so pena de ser asesinado él y su familia y de continuar laborando con su actividad económica”, explicaron los investigadores de la Fiscalía. Lea aquí: A prisión 9 presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’ por extorsión
En un comunicado oficial, el ente acusador también dio a conocer que en el desarrollo de las capturas a los procesados, los uniformados les fue incautada un arma de fuego y seis cartuchos calibre 38, sin permiso oficial de porte.
Judicializado presunto extorsionista en Cartagena
El otro caso relacionado con extorsión en Bolívar es el de Yordi José Brochero Melgarejo, quien fue judicializado porque le habría exigido el pago de 400 mil pesos a un comerciante del barrio La Esperanza en Cartagena. La Fiscalía investiga si el procesado estaría implicado en otras exigencias económicas ilegales en el sector de La María.
“Labores de Policía Judicial evidencian que el pasado 19 de agosto Brochero Melgarejo habría recibido de la víctima el dinero producto de la extorsión. Poco después uniformados del Gaula materializaron su captura”, dijo la Fiscalía. Le interesa Video: así cayeron 4 hombres que extorsionaban a comerciantes en Cartagena
Este hombre y los otros dos procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos que les imputaron.
Por disposición judicial, los tres investigados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios.