Lewin José de la Espriella de Ávila, de 17 años, Manuel Paternina Ospino, también menor de edad, junto con Sebastián Andrés Torres Pájaro, José David de Ávila Rodríguez y Bladimir Amaris Buelvas son los cinco jóvenes que desaparecieron al mismo tiempo, el pasado sábado 19 de julio, en Santa Rosa de Lima, Norte de Bolívar.
Las jóvenes informaron a sus allegados que tenían una oferta laboral muy tentadora, ya que les prometieron un pago de 2 millones de pesos quincenal, pero no entregaron más detalles del empleo a sus parientes. Otros familiares aseguran que los desaparecidos salieron de Santa Rosa y se encontraron en la Terminal de Transportes de Cartagena, luego de recibir la llamada de un sujeto que los citó. Lea: Esto se sabe de los 5 jóvenes que desaparecieron en Santa Rosa de Lima
Las autoridades realizaron el pasado miércoles 23 de julio un consejo de seguridad en el municipio. El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, señaló que “fuimos reportados sobre las desapariciones y desde ese momento se activaron los protocolos; sin embargo, hemos tenido problemas en el proceso porque las familias no han denunciado los casos oficialmente”, explicó.

Añadió que “las familias se han negado a denunciar, esto debido a que al conocerse las desapariciones, usaron las redes sociales para buscarlos, entonces personas inescrupulosas los han llamado para extorsionarlos y amenazarlos. Tenían miedo”.
Familiares y Alcaldía de Santa Rosa de Lima denuncia las desapariciones
Pese a esa información, este medio conoció que los familiares ya denunciaron oficialmente, aunque previamente ya se había activado la búsqueda de los dos menores de edad, teniendo en cuenta que es obligación del Estado realizar las operaciones cuando se trata de niños y adolescentes.
También se supo que el alcalde Harvis Bello Elles, consternado por la situación y ante la falta de notificación oficial a su despacho por parte de autoridades, hizo una denuncia formal y solicitó la activación urgente del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la Ley 971 de 2005.
“Como alcalde tengo la responsabilidad legal y moral de salvaguardar la vida de estos jóvenes. Ninguna autoridad nos ha confirmado su paradero ni su estado de salud. Las familias están en zozobra y este municipio exige una respuesta contundente”, expresó Bello Elles, quien además denunció una posible red de reclutamiento o traslado irregular de menores de edad fuera del territorio.
La información que suministra el alcalde tiene concordancia con una terrible estrategia de reclutamiento de grupos al margen de la ley que usa personas para contactar a las víctimas y ofrecerles empleos con beneficios llamativos como un excelente sueldo.
En este caso, los jóvenes se habrían ido por su propia decisión; sin embargo, el reclutamiento en Colombia es un delito tipificado en el Código Penal. Si usted los ha visto llame ya al 122 del CTI de la Fiscalía.