La Fiscalía General de la Nación logró desarticular una organización delincuencial compuesta por 16 miembros de una misma familia, quienes se dedicaban a la adulteración y distribución ilegal de licores en los departamentos de Norte de Santander y Santander.
La red, integrada por seis hermanos, sus cónyuges, hijos y otros familiares, usaba marcas reconocidas de whisky, vodka, aguardiente y ron para llevar a cabo su actividad ilícita.
La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, reveló que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, la organización falsificaba etiquetas, cintas y estampillas en un local de artes gráficas.
Asimismo, adquirían botellas, capuchones y cajas recicladas para simular la originalidad de los productos adulterados.
Entre los condenados se encuentran los hermanos José Joaquín, Judith, Henry, Mercedes, Carlos Olinto y Alberto Antonio Jaimes Latorre, junto a otros familiares y colaboradores, como Maricela Galvis Pérez y Carla Patricia Pulido Cruz.
Un juez de conocimiento de Cúcuta impuso penas de 43 meses y 24 días de prisión a 15 de los procesados, mientras que Alberto Antonio Jaimes Rivera recibió una condena de cinco años y cinco meses por su rol destacado, que incluyó la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
La red operaba en condiciones higiénicas deplorables, utilizando equipos y químicos potables en viviendas improvisadas como fábricas. Un ingeniero industrial, miembro de la organización, era el encargado de diseñar las fórmulas químicas para la adulteración de los licores.
El operativo, realizado con apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, permitió además la incautación de máquinas troqueladoras y equipos industriales de alto valor comercial.
La Fiscalía imputó a los implicados los delitos de corrupción de alimentos, concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial y ejercicio ilícito de actividad monopolística.
Este caso pone de manifiesto los riesgos para la salud pública y la importancia de combatir las redes criminales que atentan contra la seguridad de los consumidores.