Marcos Mesa Moreno era conocido como ‘Marcos Pinto’ en el ámbito artístico y social en el que se desenvolvía; pero según la Policía, la DEA y la Fiscalía, en el mundo del hampa todos le decían ‘Marquitos’.
Tras una orden judicial, el pasado fin de semana fue capturado en un operativo el propietario de un reconocido picó de champeta y promotor de artistas en su vivienda de Turbo, en Antioquia. Lea: Dueño de picó de champeta será extraditado a EE.UU. por narcotráfico
Era el dueño del picó El Grosero, considerado uno de los más grandes y potentes del Urabá Antioqueño. Tal parece que el picó se consolidó con su creación a principios del 2022. Antes fue una máquina de sonido modesta y de barrio, pero poco a poco creció el proyecto musical.
Marcos tuvo la oportunidad de tener en su máquina de sonido a reconocidos artistas de Cartagena, recorrer varias ciudades y competir a nivel regional. Tenía un equipo de trabajo grande, es decir, ayudaba a muchas familias de Turbo con su picó.
Quienes lo conocieron afirman que usaba prendas de marcas, vehículos costosos y realizaba fiestas y bailes donde abundaba el licor y la comida.

Tuvo la oportunidad de apoyar nuevos talentos y con su personalidad se consolidó como uno de los productores y empresarios más queridos; sin embargo, todo quedó abajo cuando una corte de Texas hizo la solicitud de extradición que podría llevarse a cabo en las próximas horas.
El hombre, que también tendría vínculos directos con el Clan del Golfo, delinquía como un ‘narco invisible’, usando la fachada de realizador de eventos musicales para esconder su actuar. Sin embargo, se comprobó que estaba encargado de dinamizar el tráfico internacional de cocaína para financiar las actividades ilícitas de la subestructura ‘Efrén Vargas Gutiérrez’ del grupo armado.

Alias Marquitos es considerado como hombre de confianza de alias Chejo, un reconocido capo que tiene acción en el Urabá Antioqueño. Marcos manejaba las rutas criminales establecidas en Urabá antioqueño y chocoano, regiones desde donde lograba coordinar el envío mensual de hasta tres toneladas de cocaína hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.
Los delitos a los que se enfrenta ahora son concierto para fabricar o distribuir cinco kilos o más de cocaína.