En las últimas horas se conoció la judicialización del subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado, quienes estarían implicados en la tortura, secuestro y falsedad en documentos contra un hombre en Bolívar, Valle del Cauca.
Tal parece que los patrulleros retuvieron de manera injustificada a un hombre en una estación, luego lo agredieron física y psicológicamente, para posteriormente dejarlo en libertad y argumentar que salió de allí en optimas condiciones, pero al llegar su vivienda fue auxiliado por sus parientes, trasladándolo a un centro médico donde le amputaron un brazo que le golpearon los uniformados salvajemente.
La Fiscalía, por medio de un comunicado, confirmó la medida privativa de la libertad ya que los patrulleros habían sido capturados y luego enviados a su casa aunque seguían vinculados al proceso judicial.
“La detención de los uniformados se da luego de que un juez de circuito resolviera favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra del fallo que le permitió a los procesados permanecer en libertad, a pesar de estar siendo investigados como posibles responsables de tortura, secuestro y falsedad ideológica en documento público”, dijo el ente acusado. Lea: En operativo capturan a reconocido dueño de picó de champeta
El hecho ocurrió el 3 de marzo de 2024 en el municipio de Bolívar. Estuvo en el sitio por 12 horas, siendo agredido y en estado de indefensión.
El diario El País, sobre el caso explicó que “la Fiscalía estableció que los uniformados habrían registrado información falsa en el libro de población, donde registraron que el ciudadano salió de la Estación en buenas condiciones. A pesar de esto, se constató que los familiares de la persona debieron trasladarla al hospital local, y de allí fue remitido a cuidados intensivos e intervenido quirúrgicamente para extraerle el bazo, afectado debido a la gravedad de las lesiones causadas”.
Los imputados deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de la policía de Facatativá, Cundinamarca, y seguirá el proceso jurídico.