El brigadier general Edwin Urquijo, comandante de la Mebar, dio a conocer este martes 6 de mayo que, en una contundente operación conjunta, el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de La Nación asestaron un duro golpe a una estructura criminal dedicada a la extorsión desde centros penitenciarios.

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REDACCIÓN SUCESOSManifestó que en el operativo se realizaron tres diligencias de allanamiento y registro que culminaron con la captura de ocho individuos.
Sostuvo que 7 de los detenidos fueron aprehendidos mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Lea aquí: Clan del Golfo mató a 2 militares: eran Albeiro Pertuz y Mario Pérez
“Estas personas, además, facilitaban sus cuentas bancarias para el cobro de las extorsiones, actuando como cuentahabientes de la organización”, apuntó.
Durante los allanamientos, se logró una captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y/o porte de armas de fuego.
En el desarrollo de los procedimientos, las autoridades incautaron un revólver y dos teléfonos celulares que eran utilizados por los delincuentes para llevar a cabo las extorsiones.
Simultáneamente, se notificó judicialmente a Andrés Felipe Mena Córdoba, alias ‘Mena’, quien se encuentra recluido en la cárcel El Barne de Cómbita (Boyacá).
La investigación determinó que alias ‘Mena’ era el principal dinamizador de las extorsiones, coordinando las actividades delictivas desde el interior del centro penitenciario.
“La organización criminal empleaba principalmente las modalidades de falso servicio y tío-tía para contactar a sus víctimas. A través de llamadas y mensajes vía WhatsApp, los delincuentes, operando desde diferentes cárceles del país, sembraban el temor y exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad o la de sus familias”, dice el comunicado emitido.

Las investigaciones revelaron que los capturados recaudaban entre 20 y 30 millones de pesos por víctima, alcanzando ingresos mensuales de aproximadamente 60 millones de pesos. Se logró establecer que realizaban entre dos a tres extorsiones por semana.
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Según el SPOA, registra 10 anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; rebelión; tráfico o porte de estupefacientes; hurto (agravado y simple); amenazas; receptación; homicidio y extorsión.
“El objetivo principal de esta operación fue desarticular estas estructuras de extorsión digital carcelaria que operan bajo la fachada de grupos armados ilegales, generando zozobra e intimidación en la sociedad. Este resultado representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana”, termina diciendo el comunicado.