En el corregimiento Canelos, en el municipio de Santa Rosa del Sur, hay conmoción por el homicidio de un líder social querido y respetado por muchos. Robinson Loaiza López murió el viernes 7 de febrero al ser atacado a balazos por sujetos armados que le dispararon sin contemplación.
Compañeros y allegados a la víctima se han pronunciado no solo para lamentar lo ocurrido, sino para rechazarlo y exigir justicia. “Triste realidad, hoy lamentamos el asesinato de otro compañero comunal. ¿Qué hacemos, pueblo de Colombia?”, “Paz en la tumba de nuestro amigo, compañero social. Solo Dios sabe tu lucha, descansa en paz”, “Entregó todo por esa comunidad del Golfo; un joven con liderazgo”, son solo algunos de los mensajes que le escriben.
Según dieron a conocer medios regionales, a Robinson lo abordaron varios hombres armados que tenían un solo objetivo: acabar con su vida a como diera lugar. El cuerpo de la víctima fue encontrado a un costado de la carretera, en el corregimiento Canelos. Tenía varios impactos producidos con arma de fuego.
Las autoridades en el sur de Bolívar deberán investigar si las actividades que desempeñaba Loaiza López están relacionadas con su violenta muerte, o si es un hecho aislado. El hombre era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la verdea El Golfo, en Santa Rosa del Sur, aunque supuestamente había renunciado a ese cargo algunos días antes de su homicidio. Lea: Condenan a miembro del Clan del Golfo por crimen de líder en Bolívar
En Santa Rosa del Sur conocían a la víctima por su servicio a la comunidad, por su liderazgo social y por ser defensor de los derechos humanos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se pronunció en su cuenta de X sobre el crimen de Robinson Loaiza. Detalló que lo mataron en el puente La Potaya en instantes en que, al parecer, regresaba de laborar en la mina La Walter.
Según dijo Indepaz, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para visibilizar el escenario de riesgo al que se enfrentan líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos en la región: “La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan permanente riesgos de violencia a los derechos de la población”. Lea también: Miller Ojeda, el hombre que quiso cambiar un barrio y por eso lo mataron