Siete uniformados de la Policía Nacional estarían involucrados en irregularidades durante procedimientos adelantados a ciudadanos en Cúcuta, Norte de Santander.
Así lo determinó la Fiscalía General de la Nación al judicializar a los policías luego de adelantar las investigaciones que detallan su presunto accionar.
Se trata de los subintendentes Audrey Fernando Botía Reyes y José Antonio Suárez Cote, además de los patrulleros Cristian Yair Orejuela Moreno, Carlos Enrique Munive Cudris, Luis Daniel Vergara Román, Lizeth Katerine Boada Roa y Olinto Machado García. Lea aquí: Investigan a 4 policías que exigieron $3 millones para no capturar
Una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, según su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio, tortura agravada, lesiones personales agravada y falsedad personal. Ninguno aceptó los cargos.
“Los hechos investigados se presentaron entre enero de 2023 y junio del presente año, cuando los procesados se encontraban adscritos a los CAI de Las Mercedes y Nacional de Cúcuta”, dijo el ente acusador.
En un comunicado oficial, resaltó que uno de los hechos en los que habrían participado los siete judicializados fue en la captura irregular de un ciudadano a quien ataron de manos y lo trasladaron a pie por más de cinco cuadras a una estación de Policía de esta ciudad.
Así mismo, los uniformados habrían exigido 1.500.000 pesos a una persona para no inmovilizar el vehículo en el que se transportaba, ya que era requerido por una autoridad judicial. La víctima fue despojada de las llaves del automotor, las cuales le fueron devueltas luego de que consignara un parte de la exigencia económica y el restante le fue entregado a una patrullera. Siga leyendo: A prisión un subintendente y dos patrulleros de la Policía por sobornar a una mujer
La Fiscalía destacó que la investigación permitió determinar que también estarían involucrados en la solicitud irregular de dineros a personas que no presentaban documentos de propiedad de vehículos o tenían licencias vencidas y a extranjeros indocumentados. Los procesados fueron capturados en Norte de Santander, Vichada, Huila y Bolívar. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios.