La muerte del italiano Giacomo Turra en un restaurante en Bocagrande causó impacto a nivel internacional y puso en jaque las relaciones diplomáticas entre Colombia y aquel país europeo.
Los dueños del negocio llamaron a la Policía Nacional argumentando que él estaba en un evidente estado de exaltación. Unos minutos después llegaron dos uniformados y se lo llevaron.
Giacomo fue trasladado al Hospital Bocagrande, donde los agentes solicitaron que se le suministrara un calmante mientras estaba amarrado de brazos y piernas en la patrulla. Le puedo sugerir: Un capturado por el homicidio del profesor Luis Leones Álvarez en San Jacinto
Luego, lo trasladaron a la estación de Policía de Bocagrande, donde Giacomo fue víctima de maltrato; lo golpearon y lo dejaron caer y rodar por el suelo.
A las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, el cuerpo sin vida del joven italiano fue abandonado por los mismos uniformados en el hospital al que había sido llevado una hora antes. Ahí se constató que tenía múltiples golpes en la cara, laceraciones y heridas en el mentón, tórax y abdomen.
Ese mismo día, la Policía difundió un comunicado en el que informó, sin esperar el acta del levantamiento del cadáver, que Giacomo Turra había muerto supuestamente como consecuencia de “una sobredosis de alucinógenos”. Le puede interesar: Mujer mató a su pareja en Cartagena: la historia de amor que solo duró 3 meses
Este es el fallo
Veintiocho años después de esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del turista italiano Giacomo Turra.
La CIDH encontró violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y la salud (contenidos en los artículos 4, 5.1, 7, 8.1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) de Giacomo Turra y de sus familiares.
Esta notificación la hizo a finales de abril pasado a través del informe de fondo, un documento en el que este órgano internacional expone si en determinado hecho se cometieron violaciones a los derechos humanos.
La investigación de este homicidio se adelantó paralelamente entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar de manera descoordinada y sin garantizar un avance en las investigaciones.
Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), representante de este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se anunció que esperan como consecuencia de la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Giacomo Turra y de su familia que el Estado colombiano cumpla a la mayor brevedad las recomendaciones emitidas por la CIDH, entre ellas:
Asegurar que el fuero militar solo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos del orden militar.
Reparar todas las violaciones de derechos humanos identificadas, incluyendo medidas de compensación pecuniaria y de satisfacción.