Familiares del asesinado exalcalde del municipio de El Roble, Eudaldo “Tito” Díaz, denunciaron la existencia de fosas comunes en una finca que sería propiedad de Salvador Arana Sus, confeso responsable de la muerte del exmandatario local y reconocido líder social.
Se trata de la finca Las Flores, ubicada entre las localidades de Sincelejo y Sampués, la cual habría sido comprada por Arana Sus a la familia de su esposa y aparecía a nombre de su cuñado Said Isacc Tatis y otras personas.
Según los denunciantes, esta finca funcionó como campamento paramilitar del mal llamado bloque "Héroe de Los Montes de María" y ahí, en una mazmorra debajo de una alberca, fue retenido durante su secuestro el ex alcalde “Tito” Díaz".
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De acuerdo con las declaraciones de testigos, en las cuales se basa la denuncia de la familia Díaz, dicho lugar consiste en un hueco húmedo con rejas, en donde también habrían tenido enjaulado durante su secuestro extorsivo a un reconocido ganadero sucreño.
Estas escalofriantes denuncias fueron hechas a través de un comunicado donde se afirma que el secuestro del citado ganadero tuvo como responsable al padre de Said Isacc Tatis y quien posterior a ese plagio fue asesinado.
Igualmente, el documento señala que según varios testigos, el cuñado de Arana Sus, tuvo un papel protagónico en el homicidio del exalcalde “Tito” Díaz, incluso estos manifiestan que Said Isacc expresó el 9 de abril de 2003, en el restaurante La Becerra, lo Siguiente:
"Ya Arana dio la orden de matar al alcalde de El Roble y todo está pago. ¿Qué estamos esperando? Y agregó: Es un peligro seguirlo teniendo en mi finca. Estas declaraciones tienen como testigo a Diógenes Meza Villacob, mesero de día y vigilante de noche, en ese entonces, del restaurante La Becerra.
La información sobre la presencia de fosas comunes en esta finca se tiene desde hace tiempo, pero no existía la confianza en ese momento en las entidades del Estado, a las que les corresponde hacer las correspondientes investigaciones y ejecutar las debidas acciones.
Igualmente, se temía que con estas denuncias se alertara a los presuntos criminales y tuvieran oportunidad de desaparecer los restos y retirar los cuerpos supuestamente enterrados en esa extensión de terreno, usada por décadas, según testigos, para cometer crímenes, torturas y vejámenes.
Cabe anotar que en actualmente en esa finca se están vendiendo lotes para proyectos urbanísticos y se corre el riego de que los familiares de las víctimas presuntamente enterradas en ese predio, no puedan encontrar a sus seres queridos asesinados por ese grupo paramilitar.
Entre las personas que se encontrarían enterradas en esa finca, según testigos, está la joven Lina María Montes, oriunda de Sampués y otros desaparecidos.