Dos nuevos jueces fueron suspendidos de sus cargos en el departamento de Córdoba mientras se investigan presuntas anomalías en sus funciones.
Se trata de la juez promiscuo municipal de Ayapel, Margarita Urquijo Melchor, y de la juez promiscua municipal de Moñitos, María Auxiliadora Vergara Arrieta.
En el caso de Urquijo la decisión la tomó la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura luego de adelantarle una investigación tras dejar en libertad a José Miguel De Moya Hernández, alias “Chirimoya”, cabecilla de Los Urabeños en el alto San Jorge.
El miembro de la banda criminal había sido capturado en un operativo realizado en el Cedro, corregimiento de Ayapel, sindicado de ser el autor del crimen del exalcalde de La Apartada y exdiputado, Jorge Chejne Martínez, y de la profesora Lucy Flórez Ricardo.
También lo sindican del crimen de Bernardo Vallejo, cuñado de Chejne Martínez, asesinado en febrero de 2012.
La juez Urquijo revocó la medida de aseguramiento señalando que no había el suficiente material probatorio para demostrar los delitos de los cuales se les sindicaba.
Ese hecho causó malestar en la Policía Nacional que había desplegado un fuerte operativo para capturarlo, considerándolo uno de los más peligrosos cabecillas de la banda criminal Los Urabeños.
En su oportunidad, el comandante de Policía de Córdoba, coronel Jaime Ávila Ramírez,, pidió a los entes de control que investigaran a la juez, aduciendo que la institución y la Fiscalía habían aportado todas las pruebas necesarias para que “Chirimoya” fuera condenado.
Cabe anotar que a la juez Urquijo también le están adelantando una investigación por haber autorizado el pago de indemnizaciones a varios exempleados de Telecom, caso conocido en Córdoba como el “Cartel de las Tucson”.
Caso Telecom
De igual manera fue suspendida la juez promiscuo municipal de Moñitos, María Auxiliadora Vergara Arrieta, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura, en fallo de segunda instancia.
La profesional del derecho era investigada por el millonario desfalco que la justicia y los demandantes hicieron a la extinta Telecom, autorizando millonarias indemnizaciones a la que los trabajadores no tenían derecho, caso conocido como el “Cartel de las Tucson” en Córdoba.
De acuerdo con lo señalado por la instancia judicial la jueza ordenó, en un fallo del año 2009, el pago de acreencias laborales a favor de ocho exempleados de Telecom por una suma cercana a los 600 millones de pesos pese a que a los exempleados ya les habían pagado las correspondientes indemnizaciones.
“Se trató de un desconocimiento claro de la ley, tornándose en un comportamiento arbitrario e injusto de esta funcionaria cuando al parecer ni siquiera tenía competencia para conocer y tramitar el asunto”, señala el fallo de la sala jurisdiccional disciplinaria cuyo magistrado ponente fue Henry Villarraga Oliveros.
