Cuando tenía cinco años Camilo comenzó a sentirse y a actuar diferente al resto de los varoncitos de su edad. Le gustaba jugar con las niñas y a los niños, en lugar de verlos como amigos, los apreciaba con atracción. Tuvieron que pasar 12 años (tenía entonces 17) para que las experiencias vividas le aclararan su confusión. Su identidad de género no coincidía con su sexo biológico ni con su apariencia corporal; y, pese a sentirse prisionera en un cuerpo con el que no se identificaba, tuvieron que pasar cinco años más para que tomara una drástica decisión: alterar su cuerpo para que este encajara con su identidad de género. Lea: Insólito: se quemó el pene para que le hicieran la cirugía de cambio de sexo
Esa sensación de incomodidad y angustia generada por la disforia de género la motivaron a buscar asesoría para iniciar los procesos relacionados con el tránsito farmacológico y la reasignación quirúrgica de sexo. No obstante, se estrelló con una realidad tan cruel como los estigmas y la discriminación que acompañaban su decisión de vida: no contaba con recursos económicos suficientes para acceder a servicios calificados.
La frustración y la vulnerabilidad llevaron a Camila -quien ya pedía que la llamaran por ese nombre y había cambiado su vestuario- a acudir a “prácticas artesanales”, mismas que de acuerdo con la Corporación Caribe Afirmativo, entre los años 80 y 90 le costaron la vida a muchas personas trans en ciudades colombianas como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena; además, generaron malformaciones físicas y secuelas irreparables. Lea: 26 mujeres trans fueron asesinadas en Colombia y casi 200 sufrieron violencia
“A partir de casos como estos, los Estados empiezan a reconocer la urgencia de garantizar el acceso a derechos sexuales y a derechos que tienen que ver con la transformación corporal de las personas trans. En el caso de Colombia, la sentencias de la Corte Constitucional a partir del año 2007 exhortan al sistema público de salud, a las EPS, a garantizar estos tratamientos tanto hormonales como quirúrgicos, bajo el entendido de que el artículo 16 de la Constitución respeta el libre desarrollo de la personalidad y para muchas personas es necesaria esa transformación de sus cuerpos para que su identidad corresponda con su expresión corporal”, explica Wilson Castañeda Castro, director de la Corporación Caribe Afirmativo.
Destaca que, de hecho, hay sentencias de la Corte (como la T-918/12, T-771/13 y la T-218/22) que dejan constancia de que en Colombia procedimientos médicos como la cirugía de reasignación de sexo y la mamoplastia de aumento con prótesis deben ser garantizados por las EPS.
“No son un asunto estético, sino una necesidad básica para el libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo de proyectos de vida. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que las personas tienen que tutelar, esperar un periodo muy largo, someterse a prácticas incluso despectivas y prejuiciosas; y que, a pesar de los mandatos de la Corte Constitucional, no se ha garantizado este ejercicio”, anota Castañeda. Lea: Estas son las dos representaciones trans presentes en Miss Universo 2023
La de Camila es una historia ficticia que bien pudiese corresponder a una de las ocho muertes posquirúrgicas que ocurrieron entre 2007 y 2019 en el Caribe colombiano y que afectaron a mujeres trans, según el informe ‘Contra la Pared. Situación de derechos humanos de las personas LGBT en el Caribe Colombiano’, de Caribe Afirmativo.
Una luz
Como en la práctica la mayoría de las EPS no protegen los derechos de las personas trans ni sus médicos suelen tener la experticia para un trato respetuoso hacia esta población, al Plan de Desarrollo de la anterior Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, las personas trans residentes en la capital del país le solicitaron un centro médico integral “que ofrezca desde la consulta general hasta la consulta psicológica, el acompañamiento hormonal y quirúrgico; garantice sus derechos, les dé un trato humano y respetuoso y de forma efectiva les permita ese proceso de transformación corporal”, recuerda Castañeda.
El sueño se les cumplió el 19 de diciembre del año pasado con la entrega de la primera Clínica de Género pública, que funciona en el Hospital Chapinero, en la calle 66 #15 - 41.

Gracias a esta oferta, la población LGBTIQ+ de Bogotá ya puede acceder gratis y sin barreras a servicios de salud integrales que van desde ginecología endocrinológica hasta cirugía plástica, pasando por atención integral y rehabilitación e incluyendo la realización de terapia hormonal, adecuación y/o transformación corporal, en el marco del tránsito en el género de cada caso.
“Creemos en Caribe Afirmativo que es importante que este ejercicio que hizo Bogotá lo puedan emular las ciudades capitales, por ejemplo Cartagena, que se apresta en este Gobierno del alcalde Dumek Turbay a hacer una política pública LGBT. En el diagnóstico de esta política pública, que se hizo en la alcaldía anterior, se identificó que el gran reto que tiene la ciudad es mejorar los niveles de vida, sobre todo de acceso a la salud de las personas trans. Podría ser este un ejercicio ideal para que se pueda superar ese déficit de derecho y tengan acceso integral, tanto a los servicios hormonales como a los servicios quirúrgicos y sobre todo que tengan tres garantías: un buen acompañamiento psicosocial por profesionales calificados que no pongan en riesgo su vida, que cuenten con entornos favorables y que no aumenten los niveles de estigma y discriminación”, resalta Castañeda.
Son tres las razones -según Castañeda- por las que una clínica de este tipo urge en la región Caribe.
1. Tenemos muchas personas trans, tanto hombres como mujeres, y no existe en la región ningún espacio que les asesore, ayude, oriente y acompañe en este proceso hormonal, psicosocial o quirúrgico.
2. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son las tres ciudades, después de Medellín y Cali, donde las personas trans recurren con mayor asiduidad a prácticas clandestinas de hormonización o de transformación quirúrgica.
“En Cartagena se ha reportado mucha existencia de clínicas clandestinas, de servicios no autorizados, de personal no calificado que ofrece este tipo de tratamientos hormonales o quirúrgicos, entre comillas a bajo costo, pero poniendo en altísimo riesgo a las personas”, afirmó.
3. Las EPS en la región Caribe desconocen su obligación, revictimizan a las personas cuando van a buscar servicios o no ofrecen tratamientos con altísima dignidad.