Los resultados de la iniciativa “Renovación de Mínimos de Reconciliación y Paz” en la que participaron la Iglesia católica y diferentes sectores sociales de 30 regiones del país, fue presentada hoy en la Diócesis de Sincelejo.
La Comisión de Conciliación Nacional (CCN) en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), con el apoyo financiero de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), desarrollaron este proyecto entre el año 2020 y lo que va corrido del 2022, para presentar unos puntos de consenso que permitan proponer políticas públicas claras y acorde con la realidad de los territorios afectados por el conflicto armado.
El principal objetivo es buscar la construcción de un pacto por la reconciliación y la paz nacional que será presentado por la Iglesia a diferentes entidades locales y regionales, y al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, una vez se posesione el próximo 7 de agosto.
Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la Diócesis de Sincelejo, dijo que después de un largo proceso en el que la Iglesia ha prestado toda su colaboración, fuerza espiritual y de recursos humanos y materiales en favor de la paz, se elaboraron un mínimo de condiciones para la paz y Sucre hizo parte de todo este trabajo.
Los mínimos de Sucre
En Sucre, el proceso fue desarrollado en articulación con la Diócesis de Sincelejo y en el mes de marzo anterior realizaron tres encuentros de consulta y concertación social, con líderes, lideresas, Defensores de Derechos Humanos y diferentes organizaciones.
Estos participaron y lograron un consenso en sobre qué es lo mínimo que se requiere en Sucre, para alcanzar la reconciliación y la paz.
Entre los mínimos propuestos en este territorio se encuentran:
Una política de reconciliación y paz; equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna; educación, salud y empleo; reforma agraria amplia e integral; transparencia y control en el uso de los recursos públicos.
Así mismo, la construcción del país desde la diversidad regional y territorial; democracia y participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos.
También, inversión del Estado con equidad nacional, departamental y territorial en el diseño de políticas públicas; celeridad procesal y mejoramiento de la administración de justicia, entre otros