La Contraloría General de la República abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $3.786 millones, como consecuencia de los posibles malos manejos evidenciados en los pagos con recursos de la salud de la población menos favorecida, en el departamento de Sucre.
Los hechos ocurrieron durante las vigencias de 2012 a 2015, dentro del denominado 'Cartel de los enfermos mentales', a través del cual se habrían presuntamente falsificado firmas y documentos para apropiarse de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la Población Pobre No Asegurada.
Entre los vinculados a los procesos de responsabilidad que abrió la Contraloría están los ex secretarios de Salud del departamento, Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe del Carmen Padilla Villa; dos funcionarios de la misma dependencia, Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez; y seis IPS (Clínica Nuevos Amaneceres, Fundación Nuevo Ser, Fundación Mar de Galilea, Clínica Santa Isabel, Fundación Libertad y Fe y Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael).
Según el organismo de control, a través de la Secretaría de Salud de Sucre, autorizaron pagos durante la vigencia 2015 por supuestos tratamientos y hospitalización de enfermos mentales que no existían. Los soportes que acompañaban las facturas habrían sido igualmente falsos.
El proceso de mayor cuantía corresponde a los cobros efectuados usando el nombre de un médico psiquiatra establecido en Bogotá, quien declaró ante funcionarios de la Contraloría General de la República, que su firma había sido falsificada y que nunca había ordenado los tratamientos por los que la Secretaría de Salud pagó más de $2.155 millones de pesos.
Los procesos
Las irregularidades, que inicialmente fueron puestas en conocimiento del país por el ente de control, a mediados de diciembre de 2016, son de tal magnitud que abarcan la apertura de 11 procesos de responsabilidad fiscal.
Los procesos vinculan a los funcionarios que ejercieron como Secretarios de Salud Departamental, durante la fecha en que ocurrieron los hechos, así:
* Efraín Suárez Arrieta: secretario de Salud departamental entre el 7 de octubre de 2013 y el 6 de agosto de 2014; vinculado a 7 de los procesos, por $3.258 millones.
* Nayibe Padilla Villa: secretaria de Salud departamental entre el 10 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015; vinculada a 10 de los procesos, por $3.719 millones.
Los otros funcionarios vinculados en calidad de presuntos responsables son: Samir Serpa Alvarez, líder del Programa de Auditoría desde el 12 de julio de 2012 (vinculado a la totalidad de los procesos, por $3.786 millones); Oswaldo Contreras Gómez, auditor médico especializado entre el 8 de noviembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014 (vinculado a 9 de los procesos, por $3.173 millones).
Las IPS vinculadas como presuntos responsables son las siguientes: Clínica Nuevos Amaneceres S.A.S, vinculada a 2 de los procesos, por un total de $2.398 millones; Fundación Nuevo Ser, vinculada a 3 de los procesos, por un total de $732 millones; Fundación Mar de Galilera, vinculada a 1 de los procesos, por un total de $66 millones; Clínica Santa Isabel Ltda, vinculada a 1 de los procesos, por $18 millones; Fundación Libertad y Fe, vinculada a 2 de los procesos, por $72 millones; Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael, vinculado a 1 de los procesos, por $370 millones.
