Un juez decidió darle detención domiciliaria a la ex secretaria de Salud de Sucre, Nayibe Padilla Villa, dentro del proceso investigativo que se sigue por el denominado “Cártel de los Enfermos Mentales”.
A la funcionaria de la Gobernación de Sucre le realizaron las respectivas audiencias y este miércoles le dictaron la medida.
Inocencio Meléndez, abogado de Padilla Villa, quien fue secretaria de Salud de Sucre en el 2015, no aceptó la decisión y de inmediato la apeló, reiterando la solicitud de desvinculación del proceso y la declaratoria de libertad inmediata de su cliente.
La defensa insiste en la total inocencia de la también ex secretaria de Hacienda de Sincelejo en el desfalco de más de 5 mil millones de pesos en el gobierno de César Guerra Tulena.
Dentro de este mismo proceso igualmente son investigados Efraín de Jesús Suárez Arrieta, ex secretario de Salud en el 2014 y José Jorge Madera Lastre, ex secretario de Salud de Sucre en el 2013.
También son procesados Samir Gregorio Será Álvarez, líder del programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre; Luis Alberto Fadúl Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser y Ronaldo Herazo Bertel, contador público del ex gobernador Guerra Tulena.
Según las investigaciones del ente de control del Estado, durante los años 2012 a 2015, la Secretaría de Salud de Sucre pagó a dos IPS (Clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser), más de 5 mil millones de pesos, fundamentados, al parecer, en documentos falsos donde se registraba la presunta atención hospitalaria a pacientes mentales, a personas que en realidad no tenían tal enfermedad.
Los galenos que aparecían registrados como quienes autorizaban los tratamientos médicos, señalaron a las autoridades que ellos no tenían contrato vigente con ningunas de las IPS investigadas y beneficiadas con los pagos, además los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos.
Se estableció que a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y se registraba la misma evolución. Con estas irregularidades se apropiaron presuntamente de la suma cancelada.
