Homicidios, irregularidades en contratos de infraestructura, corrupción en hospitales del Departamento, anomalías en el manejo de los recursos de la salud, corrupción en el municipio de Lorica y microtráfico en Montería forman parte de las 15 investigaciones que priorizó la Fiscalía General de la Nación en Córdoba.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, una de las investigaciones concretas tiene que ver con las irregularidades en los convenios de ciencia y tecnología, financiados con partidas de regalías giradas a Córdoba.
También se investigan presuntas irregularidades en la contratación efectuada por la Secretaría de Educación de Lorica, que al parecer, habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en la matrícula de 2.871 estudiantes inexistentes.
Asimismo, se indaga lo ocurrido con el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda en los años 2010 y 2011 a los resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento, ante la posible apropiación de más de 825 millones que no fueron invertidos en esa población.
El ente acusado de igual forma puso la lupa a las posibles irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo número cuatro de 2011, suscrito entre la Alcaldía de Tuchín y el representante legal de Funayuda para la construcción del acueducto y distribución de redes para varias comunidades.
Los escándalos de la salud
Los millonarios pagos ordenados por la Secretaría de Salud para la atención de pacientes falsos, sacados de las listas del régimen subsidiado, también son materia de investigación por parte de la Fiscalía.
Aunque se están haciendo audiencias en el caso concreto del denominado cartel de la hemofilia, por el cual hay seis funcionarios capturados, el fiscal dijo que no descansarán hasta que vayan a la cárcel los responsables de haber desangrado las finanzas de Córdoba.
En el listado de investigaciones priorizadas figuran las presuntas irregularidades en el procedimiento utilizado por la Secretaría de Salud de Córdoba para reconocer el pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neurodesarrollo, Síndrome de Down, no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), durante los años 2014 y 2015, generando pagos a favor de cuatro IPS.
Asimismo las presuntas irregularidades en la expedición de resoluciones, vigencia 2015, a través de las cuales la Secretaría de Salud ordenó el pago y el suministro de medicamentos no POS denominado factor VIII.
Están tras los datos de la suscripción y ejecución de un conrato suscrito entre el hospital San Jerónimo de Montería y la Comercializadora Nacional de Suministros y Osteosíntesis IPS SAS que habría implicado un aparente detrimento patrimonial para el Estado.
El hospital de Ciénaga de Oro tampoco escapó a las denuncias ante Fiscalía. Investigan la presunta elaboración y pago de contratos de prestación de servicios inexistentes por parte del gerente de ese centro asistencial.
Además adelantan un proceso para establecer la pérdida de varios insumos y equipos de la Secretaría de Salud Departamental para la ejecución de programas de tratamiento y prevención de enfermedades endémicas.
