Un Juez de Control de Garantías de Corozal impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en contra del ex alcalde de Galeras, José Manuel Gamarra Navarro y otros ex funcionarios de su administración por irregularidades en contrataciones realizadas.
El Juez legalizó las capturas. El exmandatario deberá cumplir la medida en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la defensa, según informó la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado de prensa.
Dentro del plan Bolsillos de Cristal, Cero Tolerancia a la Corrupción, la Fiscalía seccional Sucre también investigó a Jader Lozano Herrera, quien estuvo adscrito al despacho de Gamarra como profesional universitario; a Domingo Guillermo Ramos Ruz, contratista; y a Ismael Antonio Mejía Coronado, exsecretario de Educación.
Los capturados son investigados por presuntas irregularidades en procesos de contratación efectuados por la Alcaldía en la vigencia de 2015 y que afectaron directamente a la población infantil de esa localidad, toda vez que eran recursos dirigidos a comedores comunitarios que alimentaban a más de 300 niños de escasos recursos económicos. Sin embargo, estos no llegaron a su destino.
Durante la audiencia el Fiscal del caso explicó que en abril y junio de 2015 el entonces alcalde de Galeras, José Manuel Gamarra Navarro, con varios de sus asesores, celebró contratos para el suministro de muebles de cocina y comedor.
Esto, lo habría hecho con Domingo Guillermo Ramos Ruz, a fin de proveer de tales elementos a las instituciones educativas Sagrado Corazón de Jesús y Antonio Nariño, pero el contratista no cumplió con el objeto del contrato porque no tenía idoneidad para proceder de conformidad, al no tener la seguridad social al día. Asimismo, en lo estudios no contemplaron las especificaciones técnicas económicas del contrato.
Igualmente, el objeto social del establecimiento comercial no era suministro de elementos de cocina y el proceso contractual tampoco fue publicado en la página Secop. Pese a lo anterior, la Secretaría de Educación de la época certificó que el contratista cumplía con todos los requisitos para contratar. Los contratos le costaron al municipio $17.450.000, y $10.000.000.
Por lo mencionado, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso.
Los cargos no fueron aceptados por los indiciados.
