El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que se están tomando acciones para proteger a los líderes sociales amenazados en el departamento de Sucre.
“Estamos pensando en reubicarlos si ellos así lo deciden”, expresó el alto funcionario quien se mostró preocupado por la situación de los defensores de la comunidad sucreña.
Cristo también informó que se han presentado nuevas amenazas en esta sección del país contra quienes defienden los Derechos Humanos y son reclamantes de las tierras quitadas a los labriegos.
Esto se desprendió del Comité Interinstitucional de seguimiento a situaciones que atentan contra los líderes sociales de todo el territorio nacional y que se reúne semanalmente.
Al respecto, Juan David Díaz Chamorro, asesor de Paz y Postconflicto de la Gobernación de Sucre, consideró importante este tipo de medidas para la protección de la vida de defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierras.
Para Díaz Chamorro era necesario que se reconociera por parte del Gobierno nacional la necesidad de tomar cartas en el asunto, dada la grave situación de riesgo en que se encuentran los líderes sociales, por eso consideró esto un avance importante.
“La necesidad más apremiante es darles garantías para seguir ejerciendo la labor de defender los Derechos Humanos y lo que más esperan los reclamantes es la devolución de lo que una vez les quitaron”. Claro está que en algunos casos hay compradores de buena fe a los que no se les pueden vulnerar sus derechos, es decir las víctimas no pueden desplazar a otras víctimas, por eso las partes deben llegar a acuerdos para no causarse daño, explicó.
Según estudios realizados recientemente sobre este tema, la mayoría de compradores presionaron a los campesinos para quedarse con sus tierras por eso quienes incurrieron en estas prácticas, no sólo deben devolver lo que quitaron, sino que el peso de la justicia debe caer sobre ellos.
“Esta decisión del Gobierno nacional será de gran ayuda, pues antes se nos desconocía, ahora esperamos que se tomen medidas para evitar cualquier tipo de atentado contra quienes defienden los derechos de los demás y de los que exigen el derecho a que se les devuelva la tierra quitada”, expresó Díaz Chamorro.
En consecuencia, este 10 de mayo vendrá a Sucre personal de la Unidad Nacional de Protección con el fin de revisar la situación de seguridad de defensores de los DDHH y reclamantes de tierras del Departamento en busca de garantizar la protección de los líderes que lo ameriten.
“En esto ha jugado un papel muy importante nuestro gobernador, Édgar Martínez Romero, quien me ha solicitado realizar las gestiones necesarias para proteger la vida de defensores y reclamantes de tierras”, aseguró Díaz Chamorro.
Por eso, en el último mes el asesor consejero para la Construcción de Paz y Políticas para el Posconflicto, ha tenido tres reuniones con funcionarios de la alta consejería presidencial para los Derechos Humanos y de la Unidad Nacional de Protección.
En Sucre no han cesado los asesinatos de reclamantes de tierras, así como las intimidaciones por parte de las bacrim a defensores de Derechos Humanos, las cuales son consideradas graves por parte de las víctimas, pues saben que estos criminales tienen capacidad para materializar sus amenazas.
El más reciente asesinato contra un reclamante de tierra en el departamento de sucre, ocurrió el primero de marzo pasado en zona rural de Los Palmitos y tuvo como víctima a Hernando Pérez Iriarte.
Según las autoridades, Pérez Iriarte, de 66 años de edad, desde el mes de diciembre pasado representaba a su familia en un proceso de reclamación de tierras ante el programa de restitución.
El campesino fue sorprendido por dos hombres que llegaron a su casa en una motocicleta y le dispararon en seis oportunidades, en momentos en que estaba sentado viendo televisión.
Hernando Pérez Iriarte murió en el acto, como producto de las lesiones sufridas por los balazos escuchados a eso de las 7:00 de la noche en su residencia del corregimiento de Sabanas de Pedro.
