Campesinos que habitan el predio rural Nueva Esperanza en jurisdicción del municipio de Morroa se encuentran preocupados porque fueron notificados de una orden de desalojo prevista para mañana 2 de marzo, derivada de un proceso judicial que desde el año 2009 es adelantado por personas que reclaman la propiedad de esas tierras.
Ingrid Vergara, coordinadora del Movimiento de Víctimas en Sucre, dijo que vienen denunciando la situación que se presenta con ese predio en donde las 13 familias que habitan tienen derecho a la posesión, “se ha dado un proceso jurídico y como resultado final hay un documento que llegó al Juzgado Municipal de Corozal en donde notifican desde la Corte Suprema de Justicia una orden de desalojo”, Indicó.
Manifestó que respetan la decisión de la Corte, pero les preocupa mucho que no se haya evaluado lo complejo de la situación, como es que los habitantes del predio son desplazados que se reubicaron allí y que no se valoren los 25 años de ocupación del predio.
“Lo preocupante es que en la sentencia no se estén dando orientaciones dirigidas a la Alcaldía y a las otras instituciones sobre en qué situación van a quedar las familias en donde hay niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad”, dijo Ingrid Vergara.
Según explicó, los campesinos ocuparon este hace más de 20 años con el consentimiento del propietario esperando que el predio fuese sujeto a reforma agraria y comprado por el extinto Incora. Sin embargo esto no sucedió y el predio se encontraba hipotecado, por lo que una persona que pagó la hipoteca es ahora la reclamante.
“Ellos pagaron la hipoteca sin mirar la condición del predio, que estaba ocupado y había posesión de varios años, y desde allí empezó el proceso jurídico”, aseveró Ingrid Vergara, quien hizo un llamado a las autoridades departamentales y Defensoría del Pueblo para que se garanticen los derechos de la población que tiene más de 25 años de estar allí.
Nuevamente desplazados
Antonio José Pérez, uno de los campesinos ocupantes del predio, expresó que no es justo que los desalojen porque ellos ocuparon esas tierras cuando no eran productivas y las cultivaron. Además lo hicieron con el visto bueno del propietario quien tenía interés de negociarla. “Nos da pesar, no tenemos para dónde coger, quedaremos en la calle y seremos unos desplazados de nuevo, porque nosotros hemos sido víctimas de la violencia y ahora el mismo Estado con una orden judicial nos va a desplazar”, dijo.
Jorge Velásquez, de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de Sucre, manifestó que las familias que serán desalojadas están afiliadas al sindicato y por eso los están respaldando y acompañando, “este desalojo que se piensa dar es completamente injusto por el tiempo que ellos llevan en posesión y nos preocupa que en un momento histórico en donde pensamos que va haber un cambio se den estos hechos. Vamos a llamar a las organizaciones campesinas para rodear a los compañeros que deben tener una solución de manera concertada”, anotó.
