El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) alzó su voz para clamar por una limpieza a los nombres de quienes fueron asesinados en los llamados “falsos positivos” y cuya dignidad aún parece estar pisoteada.
Este llamado se escuchó durante la más reciente ceremonia de entrega de restos óseos de la Fiscalía General de la Nación a familiares de una de las víctimas de dichos crímenes, cumplida el martes en Sincelejo.
La protagonista de esta exhortación al Gobierno nacional fue Ingrid Vergara, secretaría técnica del Movice capítulo Sucre, organismo que acompaña a los familiares de las víctimas a llevar procesos de reclamación de cuerpos, justicia y dignidad ante las autoridades.
“Los nombres de estos jóvenes deben ser limpiados ante la sociedad, deben quedar en una sentencia judicial publicada en los medios de comunicación en donde se diga que fueron engañados y asesinados en esos crímenes tan horrendos como son los ‘falsos positivos’”, dijo.
Según la activista, conforme a los protocolos internacionales la fuerza responsable de estos crímenes, en este caso el Ejército de Colombia, debe de manera pública pedir perdón y asistir a las entregas de restos óseos asumiendo su culpabilidad, “pero no, brillan por su ausencia y no dan la cara”.
Vergara indicó a El Universal que en el departamento de Sucre los “falsos positivos” están en total impunidad y parece que así seguirán, pues en el Congreso de la República se están construyendo leyes para aumentar el fuero militar.
Sin embargo, para contrarrestar en algo esto último, el Movice apoya una intención que hay ante el Congreso de la República de construir una ley en donde se declare que las armas están al servicio del Estado para proteger a la comunidad y que cualquier delito en contra de la población civil sea judicializado y castigado.
Cabe anotar que casi todas las víctimas de “falsos positivos” en esta región fueron presentadas como guerrilleros, paramilitares o delincuentes con antecedentes, cuando nunca tuvieron nada que ver con esos grupos al margen de la ley, ni tachas en sus hojas de vida.
Igualmente, dentro de los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra los supuestos autores materiales e intelectuales de los “falsos positivos” en donde murieron jóvenes sucreños, ya hay militares y civiles al servicio de ellos que han aceptado haber cometido estos hechos, pero el Ejército no se ha pronunciado.
“El Ejército es una institución para proteger a los ciudadanos de Colombia y las armas deben estar al servicio del pueblo. No en contra de él y estos jóvenes, con muchos sueños que cumplir, hacían parte de ese pueblo, por eso merecen la limpieza de sus nombres”, añadió.
La defensora de las víctimas de crímenes de Estado agregó que aparte de sufrir la pérdida de sus seres queridos, los familiares de estos desafortunados jóvenes son mal vistos y no se les presta atención cuando reclaman justicia a las autoridades.
“Cuando las víctimas caminamos en la búsqueda de la verdad se nos mira como si buscáramos la justicia con nuestras propias manos y eso no es así. Nosotros tenemos ese derecho, está en la Constitución y en los acuerdos internacionales esa búsqueda de la verdad porque es la que nos permite seguir caminando, pasar el duelo y mirar de frente a la sociedad”.
Para el Movice, la culpabilidad del Gobierno nacional de los “falsos positivos” nace mucho antes de cometidos estos crímenes, pues las faltas de oportunidades de estudios universitarios y empleo para los jóvenes es vista por esta organización como el primer eslabón de esta cadena criminal.
“La mayoría de los jóvenes que han sido víctima de los mal llamados ‘falsos positivos’ son de escasos recursos económicos, son muchachos de muy pocas oportunidades porque este Estado no ha sido capaz de brindarles una política pública para un desarrollo integral”, enfatizó Ingrid Vergara.
Aunque autoridades como la Fiscalía General de la Nación ha trabajado para el esclarecimiento de “falsos positivos”, para la Secretaría Técnica del Movice capítulo Sucre, a veces estas parecen apoyar la impunidad de muchos de estos crímenes.
“Ha sido un camino oscuro en la historia de Colombia y a las víctimas nos ha tocado un camino muy difícil en la búsqueda de la verdad y la justicia. Hemos encontrado una institucionalidad a veces abierta, pero en otras oportunidades que apoya la impunidad del país”.
Ante el Movice están denunciados más de 150 casos de “falsos positivos” registrados en Sucre, pero existe una cantidad superior a esta de otros casos no puestos en conocimiento de la opinión pública porque las familias afectadas tienen miedo a las represalias.
En el departamento de Sucre, después de varios años de angustia y dolor, la Fiscalía ha entregado a sus familiares los restos óseos de los 11 jóvenes oriundos del municipio de Toluviejo presentados a la prensa como guerrilleros dados de baja en el año 2006.
Asimismo entregó otros dos residentes en el barrio Camilo Torres y uno del sector de La Selva, en la ciudad de Sincelejo, pero hay padres que después de hasta ocho años no han recibido los restos de sus seres queridos para al menos darles sepultura.
Uno de los padres que está a la espera de la entrega oficial de los restos de su hijo muerto en un “falso positivo” es Luis Eduardo Chávez, quien tras reconocerlo, luego de permanecer varios meses como N.N. en Chinú (Córdoba), decidió traérselo y enterrarlo en Sincelejo.
El caso de “falsos positivos” más sonado en el departamento de Sucre tuvo como víctima a 11 jóvenes de Toluviejo, quienes fueron engañados por civiles que les propusieron trabajo en una finca de la región y pocos días después el Ejército los reportó como muertos en combate.
Por este caso, el Juzgado Único Especializado de Sincelejo condenó a 32 años y cinco meses de cárcel a Róbinson Eustaquio Barboza Almanza, quien fue hallado culpable de la desaparición forzada agravada de los 11 jóvenes, pues según las autoridades era el “reclutador” o quien engañó a estas personas.
En el más reciente acto de entrega de restos, los padres de Mauricio Ramírez Paternina recibieron los despojos de su hijo de manos del Fiscal Sexto Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, Gustavo Adolfo Reyes Leyva, quien se negó a pronunciarse ante la prensa sobre el tema de los “falsos positivos”.
