El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que adopten medidas efectivas para la protección de la vida e integridad personal de los pobladores.
El defensor hizo la solicitud tras el incremento en el número de muertes violentas ocurridas en el último mes en esa población, como consecuencia del accionar de grupos armados ilegales.
Según información de Defensoría del Pueblo, durante el mes de octubre de este año se han registrado siete homicidios en la isla, entre ellos el del comerciante Juan García Jaramillo, quien administraba una estación de servicios y se había desempeñado años atrás como gerente de RCN Radio en San Andrés.
El fin de semana pasado individuos que se movilizaban en una motocicleta fueron culpados del homicidio de García.
Según la Defensoría, desde hace varios años distintos grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han visto en el archipiélago una región atractiva para el tráfico de estupefacientes y de armamento.
“La acción de dichos grupos ha afectado las condiciones de seguridad de los habitantes de San Andrés, con expresiones como la delincuencia juvenil, pandillismo, sicariato y extorsión. Además, la ubicación del archipiélago facilita el transporte de cargamentos de drogas ilícitas, particularmente hacia centroámerica y Estados Unidos”, aseguró el Defensor.
Otálora agregó que la Defensoría del Pueblo monitorea la situación de riesgo de las comunidades raizal, isleña y continental que habitan el archipiélago a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), por tanto han recibido denuncias de ciudadanos que aseguran ser víctimas de amenazas de muerte y se han visto obligados a migrar de la isla hacia territorio continental.
