En abril de este año se publicó Transición energética justa para La Guajira, un libro que examina cómo se ha desarrollado este proceso en el departamento y si realmente se han respetado los derechos humanos de las comunidades, en especial de los Wayúu, una población indígena que habita al norte de Colombia, muy cerca de Venezuela.
La obra es fruto de una investigación colectiva realizada por Julián Gutiérrez Martínez, Luisa Fernanda Guerra Carrera, Ivonne Elena Díaz García, Jhonatan Malagón Palacios y Diana Guarnizo Peralta, integrantes del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia).
En diálogo con El Universal, Ivonne Díaz, filósofa de la Universidad de Cartagena y una de las autoras, explicó que el texto ofrece una mirada crítica a lo que hoy llamamos transición energética: el paso global de los combustibles fósiles a las fuentes renovables frente al cambio climático.
“En teoría debería ser un proceso verde y ético, respetuoso no solo con el medio ambiente, sino también con las comunidades y los territorios. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica, tanto en La Guajira como en otros lugares, es que muchas prácticas cuestionables del viejo modelo —impactos ambientales, tensiones con la población local y afectaciones económicas— se siguen repitiendo bajo el discurso de lo ‘verde’”, afirmó.
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¿Por qué La Guajira?
La politóloga y abogada Luisa Fernanda Guerra, también autora del libro, explicó que La Guajira reúne condiciones únicas para el desarrollo de proyectos eólicos, gracias a la constancia y fuerza de sus vientos. Sin embargo, advirtió que esos mismos vientos tienen un valor cultural para los Wayúu, quienes identifican hasta ocho tipos de viento, cada uno con un significado dentro de su cosmovisión.
“Por eso, no se trata solo de instalar aerogeneradores, sino de comprender cómo esas transformaciones impactan también la vida cultural, espiritual y territorial de las comunidades”, subrayó.
El equipo de investigación se enfocó en dos dimensiones: la justicia distributiva, que analiza cómo se reparten los beneficios y cargas de estos proyectos; y la justicia procedimental, que se refiere a cómo se toman las decisiones. En la práctica, encontraron que predomina un esquema vertical donde pesan más los intereses privados que la voz de las comunidades, lo que afecta procesos como la consulta previa y la interlocución entre las partes. Le recomendamos: Esta es la apuesta de Alemania por la transición energética en el Caribe
Impactos sobre las comunidades Wayúu
Los hallazgos del trabajo de campo revelan múltiples impactos en el pueblo Wayúu. Entre ellos, la desigualdad de poder al negociar: las comunidades suelen desconocer la magnitud de los proyectos, sus afectaciones ambientales o la manera en que incidirán en sus territorios. Esa falta de información limita su capacidad de decisión y reduce sus posibilidades de exigir compensaciones justas.
Otro punto crítico ha sido la definición de las áreas de incidencia, que ha derivado en conflictos internos, incluso con episodios de violencia grave. A esto se suma un choque de concepciones sobre la propiedad de la tierra: mientras que para el Estado es un asunto jurídico, para los Wayúu está ligado al clan, a los cementerios de los ancestros, a los animales y a las fuentes de agua. Negociar con un clan que no guarda relación directa con ese territorio puede desencadenar disputas interclaniles y abrir heridas sociales y culturales profundas.
Una metodología replicable
Los investigadores resaltan que este trabajo refleja la misión de Dejusticia: garantizar que los intereses y necesidades de los territorios prevalezcan frente a actores externos. La experiencia, además, ofrece una metodología aplicable a otros contextos donde confluyen comunidades locales con intereses culturales y sociales propios, y actores económicos con proyectos de alto impacto.